Inician otra ofensiva jurídica contra la fase de cumplimiento en venta de Isagén
Ante el Consejo de Estado buscan la nulidad para que la firma canadiense no desembolse el 27 de enero próximo los 6,48 billones de pesos.

Caracol Radio

Antioquia
Otra ofensiva jurídica emprendieron sindicatos de trabajadores y ediles de Antioquia para evitar que se lleve a cabo la fase de cumplimiento en la venta del 57,6 por ciento de las acciones del Gobierno en Isagén a la canadiense Brookfield.
Por ejemplo, ante el Consejo de Estado se interpuso una acción de nulidad para evitar que la firma canadiense desembolse el 27 de enero próximo los 6,48 billones de pesos para hacerse al control de la tercera generadora del país y en contra del contrato de adjudicación, explicó Óscar Vallejo Giraldo, presidente de Sintraisagen.
“Nosotros consideramos que en la supuesta subasta no se cumplieron las condiciones que tiene que ver con esta figura, lo que hubo fue una adjudicación, una venta directa y ese es un tema que estamos atacando y solicitando al Consejo de Estado que dicte una medida cautelar de urgencia”, argumentó el presidente del sindicato de Isagén.
Según los diputados del Polo Democrático y Centro Democrático de Antioquia, las acciones legales sí tienen validez, a pesar de haberse concretado ya la subasta, el pasado 13 de enero, con un único oferente.
“Mientras no se haya entregado la plata material, por parte de Brookfield, el Consejo de Estado puede fallar algunas de las tantas acciones que hay contra los decretos, las resoluciones que convocaron la falsa subasta y no se podría llevar a cabo la entrega de las acciones, ni la entrega del dinero”, explicó a Caracol Radio el diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez Gallego.
Además, señaló el diputado Gómez que “incluso hay tres acciones populares que pueden tener efectos aun cuando se entreguen las acciones (de Isagén), porque las acciones populares tienen la virtud de que pueden hacer retroactivos los fallos”.
A su turno, la concejal del Polo Democrático, en Medellín, Luz María Múnera Medina, rechazó que se justifique, a futuro, una eventual enajenación del 13,14 por ciento de la participación de EPM en Isagén, en la desvalorización de la acciones, después del plazo estimado para ser vendidas a 4.130 pesos, valor por las que las compró Brookfield a la Nación.
“Las acciones seguramente van a bajar porque la inestabilidad jurídica en la que queda la empresa así lo plantea desde el punto de vista financiero, pero no se van a quedar ahí y ese no puede ser el sustento para regalar lo que tanto nos ha costado construir”, enfatizó la señora Múnera Medina en diálogo con Caracol Radio.
Al tiempo que se instauraron las acciones legales, las organizaciones sociales convocaron para este viernes 22 de enero, a las 5:00 de la tarde, a una movilización en el centro de Medellín, para rechazar la venta de Isagén.




