Juez de Bogotá revivió intervención a Zona G, vecinos ya apelaron la decisión

La Alcaldía Local de Chapinero buscará concertar con la comunidad para iniciar las obras.

El juzgado 36 administrativo del circuito judicial de Bogotá mediante el Auto del 10 de septiembre de 2015, negó medidas cautelares a habitantes de la localidad de Chapinero, que se oponían al proyecto de intervención en la Zona G quienes, mediante acción popular, sostenían que el proceso no había sido participativo ni transparente por parte de la Alcaldía local de Chapinero.

En el fallo la juez 36 manifestó que “no evidencia el Juzgado la existencia de un perjuicio irremediable que implique adoptar medidas cautelares por cuanto no se configura inminencia, gravedad y urgente atención para obtener pronunciamiento en esta etapa…”.

Estimó la juez que “en el plenario se acredita la participación ciudadana de la localidad de Chapinero en la toma de decisiones para contrarrestar la problemática que presenta el sector, situación de la cual en principio no evidencia actuación arbitraria, ni de la cual se pueda concluir la existencia de un perjuicio irremediable”. Adicionalmente, según el fallo, “advierte el Despacho que el proyecto va dirigido a satisfacer las necesidades expuestas por la comunidad en los diferentes medios de participación ciudadana”.

En ese sentido, el alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo, dijo que ahora iniciará un proceso de concertación con vecinos del sector para acordar cómo será la intervención a la zona comprendida entre la Carrera 7 y 5, desde la Calle 70 a la 69 A.

“La decisión nos abre las puertas para poder continuar con los procesos de Ley. Esperamos una reunión pronta con la comunidad, queremos contar con ellos para esta etapa. Los tiempos son muy cortos pero si es un mandato ciudadano pues nosotros tenemos que iniciar la obra más allá de entregarla o no”, señaló Jaramillo.

Mientras, vecinos de la Zona G que apelaron la decisión de la juez 36, insisten en que el proceso no ha sido concertado con la comunidad, pero manifestaron que están abiertos a escuchar a la administración local.

“Radicamos un recurso de reposición frente a la negación de las medidas cautelares y estamos pendientes de una nueva contratación porque hay también un pronunciamiento de la Veeduría por la contratación”, indicó Camilo Reales, vocero de la comunidad de la Zona G.

La intervención a la Zona G contempla, entre otras cosas, mejoras al espacio público con una inversión de alrededor de 4.300 millones de pesos, cuya licitación fue declarada desierta el pasado mes de julio.

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