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Juzgado dio plazo perentorio para responder por familias afectadas por el conflicto armado en Nariño

El despacho judicial admitió una acción de tutela en contra de la Gobernación, la Unidad de Víctimas y las alcaldías de la Llanada, Los Andes y Linares

Durante este año se han atendido más de 4.000 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos en Antioquia. Foto: Unidad para las Víctimas.

Durante este año se han atendido más de 4.000 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos en Antioquia. Foto: Unidad para las Víctimas.

Durante este año se han atendido más de 4.000 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos en Antioquia. Foto: Unidad para las Víctimas.

Pasto-Nariño

En un plazo máximo de 48 horas, Las alcaldías de Linares, Los Andes y La Llanada, la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas deberán realizar las acciones necesarias para garantizar la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por hechos de violencia en estos sectores.

La Tutela fue presentada por la Defensoría del Pueblo, Regional Nariño, en favor de las personas y familias que han sufrido desplazamiento forzado y confinamiento debido a los recientes hechos de orden público por enfrentamientos armados.

El despacho concedió parcialmente la medida provisional solicitada y ordenó a las entidades accionadas que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, activen y ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar la entrega efectiva de asistencia humanitaria inmediata a las personas y familias desplazadas y confinadas.

La atención deberá responder a las necesidades identificadas y a las condiciones de seguridad de cada territorio, con especial prioridad para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves o crónicas.

La Defensoría del Pueblo sustentó la acción de tutela en los enfrentamientos armados registrados en estos municipios, que dejaron a numerosas familias con dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros bienes esenciales.

Se advierte deficiencias en la respuesta institucional y retrasos en la entrega de ayuda humanitaria debido a exigencias relacionadas con censos y procesos de validación administrativa, por lo tanto, solicitó además que se remitan los censos preliminares o definitivos de la población desplazada y confinada, así como las actas de los Comités de Justicia Transicional relacionadas con la emergencia.

El despacho estimó necesario adoptar medidas inmediatas mientras se recopilan las pruebas para emitir una decisión de fondo al tiempo que consideró que existen elementos que permiten advertir un posible riesgo para derechos fundamentales de la población civil de los municipios antes mencionados

Dentro del trámite también fueron vinculados el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las personerías municipales de Linares, Los Andes y La Llanada, la Procuraduría Regional de Nariño, el Ministerio del Interior, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Defensoría de Familia de Pasto y la Procuraduría Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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