Obispo de Tibú pide garantías para las misiones humanitarias en el Catatumbo
Monseñor pidió condiciones para continuar acompañando a las comunidades afectadas.

Monseñorr Israel Bravo(Foto https://twitter.com/DiocesisTibu)

Norte de Santander.
La intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo continúa golpeando a las comunidades rurales, mientras la Iglesia Católica insiste en la necesidad de frenar la violencia y garantizar condiciones para el trabajo humanitario en la región.
Monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú, advirtió en diálogo con Caracol Radio que la población civil sigue siendo la principal afectada por el conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que se prolonga desde enero de 2025 y que ha generado graves consecuencias humanitarias en Norte de Santander.
“Las afectaciones para la zona son bastante duras porque la población civil es la que está sufriendo el impacto del enfrentamiento entre los dos grupos armados que desde hace ya prácticamente dos años están en conflicto en esta zona del Catatumbo”, manifestó el prelado.
Bravo explicó que la violencia se ha extendido por diferentes sectores del territorio y mantiene a las comunidades en medio del temor, la incertidumbre y el abandono de actividades rurales.
También señaló que la incorporación de drones cargados con explosivos a los ataques ha incrementado la zozobra entre los habitantes.
La Iglesia, que cuenta con parroquias en distintos corregimientos y caseríos de la región, mantiene labores de acompañamiento espiritual y humanitario a campesinos, comunidades indígenas y familias afectadas por la confrontación. Sin embargo, sus propias instalaciones también han sufrido daños.
Uno de los casos recientes ocurrió en el corregimiento de Luis Vero, en el municipio de Sardinata, donde el templo de San Martín de Porres y la casa rural resultaron afectados por explosivos lanzados desde drones.
“Fue una afectación muy grande en el templo de Luis Vero. Un templo que nos ha costado mucho trabajo mejorar junto con la casa fue afectado por unas bombas que cayeron a través de unos drones y quedó bastante averiado”, relató el obispo.
Frente a este panorama, monseñor Israel Bravo insistió en que la prioridad debe ser detener la confrontación y abrir espacios de diálogo que permitan reducir los riesgos para las comunidades.
A su juicio, la presencia de cultivos ilícitos y la falta de alternativas económicas sostenibles también contribuyen a perpetuar la violencia en el territorio.
“Mi llamado siempre ha sido a que se genere un espacio de diálogo, de calma, de paz, de tener en cuenta a la población”, sostuvo, al advertir que niños, jóvenes y familias campesinas no deberían continuar viviendo en medio de la guerra.
Otro de los puntos abordados por el obispo fue el trabajo de las comisiones humanitarias, que, según aclaró, no se encuentran completamente paralizadas.
La Iglesia ha continuado acompañando algunos procesos de liberación y entrega de personas, así como a familias que han tenido que abandonar sus comunidades.
No obstante, el prelado señaló que han solicitado al Gobierno nacional garantías claras y por escrito para desarrollar estas labores, especialmente ante los mensajes oficiales sobre la inexistencia de canales de diálogo con los grupos armados.
“¿Qué es lo que nosotros le hemos dicho al Gobierno? Pues denos garantías de que eso se puede hacer y pónganlo por escrito”, afirmó.
Monseñor Bravo explicó que estas intervenciones responden a la necesidad de proteger la vida y atender a las familias que acuden a la Iglesia en busca de ayuda para conocer el paradero de sus seres queridos o gestionar su salida de zonas de riesgo.
El obispo reiteró que la intención de la Iglesia no es obtener reconocimiento por estas acciones, sino contribuir a reducir las consecuencias humanitarias de la confrontación y facilitar la atención de las comunidades.




