Miguel Quintero conocerá el 23 de octubre si seguirá en casa por cárcel o irá a prisión

Medellín, Antioquia

El próximo viernes 23 de octubre, a la 1:30 de la tarde, se conocerá la decisión de segunda instancia sobre la medida de aseguramiento de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, investigado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La audiencia será virtual y estará a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín.

El juez deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la representación de víctimas, que solicitan que Quintero sea enviado a un centro carcelario, en lugar de continuar privado de la libertad en su domicilio. En la misma diligencia se estudiará la apelación relacionada con Sebastián Ortega Urán, quien quedó en libertad tras la decisión de primera instancia.

El pasado 2 de octubre, un juez de control de garantías impuso a Quintero la medida de detención domiciliaria, mientras que a Ortega no le ordenó una medida privativa de la libertad. Las partes que apelaron consideran que las decisiones no responden suficientemente a los riesgos que, según sus argumentos, existirían para la investigación y la protección de los testigos.

Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal se apartaron de la defensa

La audiencia del 23 de octubre estará precedida por un cambio en la representación legal de Miguel Quintero. El abogado Santiago Trespalacios y la abogada Astrid Carvajal anunciaron que dejarán de participar en su defensa, luego de llegar a un acuerdo con el procesado.

Trespalacios informó la decisión el 13 de octubre a través de su cuenta en la red social X y señaló que la salida se produjo de mutuo acuerdo.

“Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa”.

El abogado también agradeció la confianza del procesado y de su familia y les deseó éxito en la defensa de su inocencia. Hasta el momento, la salida de los dos profesionales plantea la expectativa sobre quién asumirá la representación de Quintero para las siguientes etapas del proceso.

Fiscalía y víctimas piden que Quintero sea enviado a una cárcel

La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y los Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto asciende a cerca de 17.656 millones de pesos. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, en el proceso se habrían presentado pagos irregulares por aproximadamente 2.481 millones de pesos.

Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La imputación y la medida de aseguramiento no constituyen una condena: las responsabilidades penales deberán establecerse dentro del proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que la detención domiciliaria sería insuficiente frente a los riesgos de una eventual interferencia en la investigación, particularmente por la posibilidad de comunicarse con terceros y de influir sobre testigos. La representación de víctimas y la Procuraduría respaldaron la solicitud de una medida más restrictiva.

La defensa, por su parte, había solicitado mantener la decisión de primera instancia. Con la salida de Trespalacios y Carvajal, la decisión que se conozca el 23 de octubre será clave para determinar si Miguel Quintero continúa en su domicilio o pasa a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.