La JEP absuelve a comerciante antioqueño condenado injustamente por nexos con las Farc
Testimonios de excombatientes de las Farc permitieron desmontar una falsa acusación de extorsión y enriquecimiento ilícito sostenida desde 2009.

Foto: JEP

Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la condena emitida en 2009 contra el comerciante Javier de Jesús Cadavid Palacio, quien fue absuelto de los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito. Tras revisar el caso, la Sección de Revisión determinó que no existieron nexos entre el comerciante y el Frente 47 de las extintas Farc-EP.
Cadavid Palacio cumplió 12 años y 4 meses de prisión tras las decisiones iniciales del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales y el Tribunal Superior de esa ciudad. La sentencia transicional le concedió la libertad definitiva y dejó la decisión en firme al no presentarse apelaciones por las partes.
Errores de la justicia ordinaria y pruebas clave
La investigación de la JEP demostró que la guerrilla utilizó de forma indebida la actividad comercial de Cadavid para canalizar extorsiones mediante un sistema informal de remesas comunitario. El fallo concluyó que el comerciante no fue integrante, miliciano ni colaborador de la organización armada, ni tuvo acuerdos para facilitar delitos.
El proceso reconstruyó el contexto de control territorial de las Farc-EP en Puerto Venus (Antioquia) y el norte de Caldas, caracterizado por la ausencia institucional y la coerción hacia los habitantes. Las declaraciones de antiguos integrantes de las Farc-EP aportaron evidencia inédita que no pudo ser valorada en el proceso penal ordinario.
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Corrección judicial y verdad en el conflicto
El Tribunal para la Paz destacó que las fuentes testimoniales permanecieron en la clandestinidad durante el juicio original, pero comparecieron ante la JEP en cumplimiento del Sistema Integral de Paz. Esta evidencia permitió esclarecer la dinámica del conflicto en la zona.
Con este fallo, la JEP reafirmó que la revisión transicional de sentencias funciona como un mecanismo para corregir errores judiciales y avanzar en el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.




