Tres muertes de jóvenes afro en 12 días tras procedimientos de la fuerza pública

En menos de dos semanas, tres hombres afrodescendientes murieron en hechos que involucraron a integrantes de la Fuerza Pública en distintos puntos del país. Los casos ocurrieron en Bogotá, Villa Rica (Cauca) y El Charco (Nariño), y aunque las circunstancias son diferentes, han puesto nuevamente la lupa sobre el trato que reciben las comunidades afrocolombianas durante procedimientos policiales y militares.

La alerta fue planteada por la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, quien señaló los tres casos y anunció que buscará explicaciones de las autoridades. Beltrán hace parte de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes.

Los hechos, sin embargo, todavía tienen investigaciones abiertas y existen versiones distintas sobre lo ocurrido.

Donovan Balanta

El primer caso ocurrió el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar y Soacha.

Donovan Balanta Paz, de 34 años, fue intervenido por uniformados que acudieron al sector para atender una riña. La Policía confirmó que durante el procedimiento se utilizó un dispositivo de inmovilización eléctrica, conocido como Taser, y que Balanta fue trasladado posteriormente a la estación de Cazucá.

Según la institución, después de ingresar a la estación presentó una afectación de salud, perdió el conocimiento y fue llevado a un hospital de Soacha, donde se confirmó su muerte.

La familia y habitantes del sector han denunciado que el hombre fue golpeado y sometido mientras estaba reducido. Videos difundidos después del hecho motivaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

La Policía Metropolitana de Soacha separó temporalmente del cargo a siete uniformados mientras avanzan las investigaciones.

El caso también llegó a escenarios de derechos humanos. Organizaciones como Justicia Racial y De Justicia han señalado posibles elementos de racismo y uso excesivo de la fuerza, mientras se establece judicialmente qué ocurrió durante el procedimiento.

Luis Alfredo Chocó Echeverry

Una semana después, el 27 de septiembre, otro procedimiento policial terminó con la muerte de Luis Alfredo Chocó Echeverry, en Villa Rica, Cauca.

Chocó Echeverry, de 29 años, recibió un impacto de bala durante los hechos registrados en el barrio San Fernando. Fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Tejada, pero falleció posteriormente.

Familiares y dirigentes políticos cuestionaron las circunstancias del procedimiento y denunciaron un posible uso desproporcionado de la fuerza. El caso permanece bajo investigación para establecer cómo se produjo el disparo y qué responsabilidad tuvieron los uniformados que participaron en el operativo.

Keiner Banguera

El tercer caso ocurrió el 2 de octubre en el sector Arenal, en El Charco, Nariño.

Keiner Banguera Mancilla, de 19 años, murió durante un operativo en el que participaron unidades de la Armada y el Ejército. La versión entregada por el Gobierno sostiene que los militares respondieron a disparos provenientes de una embarcación y que la persona abatida sería integrante de una estructura de las disidencias de las Farc.

La comunidad y organizaciones sociales entregaron una versión diferente. Según estas denuncias, Banguera era líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje. Indepaz también registró el caso como el asesinato de un líder social y señaló que las circunstancias de su muerte son materia de investigación.

La propia Defensoría del Pueblo advirtió que existen distintas hipótesis sobre lo ocurrido y pidió que sea la justicia penal ordinaria la que determine las circunstancias de la muerte. También solicitó a la Fiscalía priorizar la investigación y verificar si durante el operativo se cumplieron los protocolos aplicables a la Fuerza Pública.

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¿Qué dice la ONU sobre este tipo de casos?

Los tres casos ocurren pocas semanas después de que el Mecanismo Independiente de Expertos de la ONU para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, conocido como EMLER, presentara sus conclusiones sobre Colombia.

“Las nuevas medidas de seguridad y lucha contra las drogas anunciadas por el Gobierno colombiano podrían profundizar patrones de discriminación racial y criminalización de las personas afrodescendientes”, advierte un nuevo informe de expertos independientes de la ONU

El organismo manifestó preocupación por la existencia de racismo estructural y señaló problemas relacionados con el perfilamiento racial y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes. Durante su visita al país, realizada en mayo, sus expertos se reunieron con autoridades y organizaciones sociales en Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó.

El experto Víctor Rodríguez, integrante de este mecanismo, explicó que los testimonios recopilados mostraban que jóvenes negros son detenidos y registrados de manera desproporcionada a partir de estereotipos raciales, situaciones que pueden terminar en un uso excesivo o letal de la fuerza.

“Las políticas de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”, afirmó Víctor Rodríguez

Por ahora, los tres casos señalados por Beltrán continúan en investigación. Determinar si hubo abuso de la fuerza, discriminación racial o responsabilidades individuales corresponde a las autoridades judiciales encargadas de cada proceso.