Presidenta de la SAE y antigua abogada de Alex Saab tendrá que devolverle bienes al confeso lavador

Diana Patricia Bravo Vélez es la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la entidad encargada de administrar bienes sometidos a procesos de extinción de dominio.

Hasta julio de este año estuvo vinculada con la empresa De la Espriella Lawyers, firma de la que es fundador el presidente de la República.

Como abogada participó en procesos de interés del confeso lavador de activos Alex Saab.

En los próximos días ella tendrá que devolverle a una empresa fachada de Saab, 7 bienes que la Fiscalía había incautado con fines de extinción de dominio.

El más conocido de estos bienes es una mansión en Barranquilla de 3.740 metros cuadrados, avaluada en 28.000 millones de pesos.

La casa, cuyas imágenes fueron divulgadas en su momento por el CTI, es una inmensa propiedad que fue construida en los terrenos que albergaban seis residencias en el barrio Riomar.

Fue construida por el señalado testaferro de Nicolás Maduro después de que no se le negara el ingreso al Country Club de Barranquilla.

Para que su esposa, la modelo italiana Camila Fabri, pudiera seguir jugando tenis construyó una cancha de polvo de ladrillo en la terraza de la propiedad.

La casa estaba a nombre de una sociedad llamada Dubera SAS, cuyo único accionista es un contador llamado Julio César Ruíz Maestre quien no posee recursos suficientes para acreditar la propiedad.

Sin embargo un juzgado de Barranquilla, en primera instancia, y el Tribunal Superior de Medellín, en segunda y definitiva, determinaron que la Fiscalía no pudo probar el origen ilícito de los bienes.

La Fiscalía señala que Saab es autor de los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y de ejecutar importaciones y exportaciones ficticias.

Y aquí viene lo más interesante, la empresa Dubera SAS a cuyo nombre está la mansión, para acreditar la licitud de ese y otros seis bienes aseguró que venían de negocios con el régimen de Nicolás Maduro. La sentencia dice:

“La documentación aportada muestra varios contratos millonarios celebrados en Venezuela: a) contrato por USD 60 millones entre el Consorcio Estructuras Metálicas Modernas y la Fundación Propatria 2000 con anticipo de USD 42 millones, y b) contrato por USD 293,9 millones celebrado por Fondo Global de la Construcción con el Ministerio de Vivienda de Venezuela, para construir 4.162 viviendas e infraestructura en los estados Miranda y Carabobo”.

Es decir el 7 de septiembre, hace 3 semanas exactas, la justicia colombiana admitió como operación lícita estos contratos celebrados con el régimen venezolano.

Las movidas corruptas están demostradas por investigaciones periodísticas en Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y Colombia.

El 15 de septiembre, es decir 8 días después de la sentencia del Tribunal de Medellín, Álex Saab confesó ante una corte de Estados Unidos el delito de conspiración para lavado de activos y se comprometió a devolver 195 millones de dólares provenientes del negociado de las cajas de alimentación CLAP.

El Tribunal de Medellín no tuvo en cuenta que Álex Saab afronta cargos por esos mismos delitos en Estados Unidos, pero sí que en el gobierno del presidente Joe Biden había sido liberado:

“El cuadro se agrava si se repara en que tales argumentos quedan aún más debilitados de cara al desistimiento de cargos emitido por el Tribunal del Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos en favor de Alex Nain Saab Morán. Esta decisión extranjera, aunque no tiene efectos vinculantes frente al juez colombiano de extinción de dominio, sí constituye un elemento adicional que refuerza la ausencia de un cuadro fáctico sólido sobre la supuesta actividad ilícita base”.

Contra la decisión no procede recurso alguno.

Es decir que en los próximos días la SAE, presidida por Diana Patricia Bravo Vélez, quien como abogada participó en procesos para defender intereses de Álex Saab, tendrá que devolverle la mansión de Riomar y otras siete propiedades a los representantes de Saab quien está preso en Miami por lavado de activos, el mismo delito que él confesó pero que la justicia colombiana no pudo probar.

Escuche El Reporte Coronell completo aquí: