Air-e alerta por agresiones a técnicos y manipulación ilegal de redes
Dos personas fueron capturadas en hechos aislados
Agresiones y conexiones ilegales, los retos que enfrenta Air-e en el Atlántico. FOTO: Air-e Intervenida
Las agresiones contra trabajadores y la manipulación ilegal de las redes eléctricas se mantienen como dos de las situaciones que generan dificultades para la operación y la prestación del servicio de energía en el Atlántico.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio Olaya, en Barranquilla, donde un usuario que tenía una deuda de energía de 2,6 millones de pesos fue judicializado luego de presuntamente agredir a personal técnico de Air-e Intervenida.
Según la empresa, el hombre utilizó un martillo para ocasionar daños al vehículo en el que se movilizaban los operarios y amenazó a los trabajadores que adelantaban labores en el sector. La Policía intervino para controlar la situación y posteriormente el usuario acudió a una oficina comercial, donde suscribió un acuerdo de pago para atender la obligación pendiente.
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A esta situación se suma un procedimiento adelantado en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa, donde las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre señalado de realizar una conexión ilegal y antitécnica en las redes eléctricas.
El operativo se desarrolló en inmediaciones de la carretera La Cordialidad con carrera 13. Durante el procedimiento fueron incautadas una escalera metálica de extensión y varias herramientas. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos.
Los dos casos, aunque corresponden a hechos diferentes, ponen nuevamente sobre la mesa los desafíos que enfrenta la prestación del servicio de energía en la región: por un lado, las situaciones de confrontación con trabajadores durante procedimientos operativos y, por otro, las conexiones no autorizadas que afectan la infraestructura eléctrica.
La empresa y las autoridades también hicieron un llamado a denunciar la manipulación ilegal de las redes, debido a los riesgos que estas prácticas representan tanto para quienes intervienen las instalaciones como para la comunidad y la continuidad del servicio.
