Personeros de Norte de Santander alertan por amenazas en medio de la violencia
La Asociación de Personeros pidió protección para los funcionarios.
Foto: Referencia.
Norte de Santander.
La Asociación de Personeros de Norte de Santander expresó su preocupación por la situación de violencia que se registra en el municipio de El Carmen y advirtió que los funcionarios del Ministerio Público continúan expuestos a amenazas y obstáculos para ejercer su labor en los territorios afectados por el conflicto.
Carlos Sanmiguel, presidente de Apernorte, señaló a Caracol Radio que la preocupación se extiende especialmente a la personera de El Carmen, Delia Judith Torres Durán, quien permanece en el municipio atendiendo y documentando las afectaciones que dejan los enfrentamientos en el casco urbano.
“Los combates han sido directamente las afectaciones al casco urbano y a la población civil. La preocupación de nosotros es eso, como defensores de derechos humanos, las afectaciones a los funcionarios, a las instalaciones de los entes gubernamentales, pero especialmente de la población civil”, explicó.
Sanmiguel aseguró que los personeros mantienen una exposición elevada porque son los primeros funcionarios encargados de recibir las denuncias y necesidades de las comunidades, particularmente en las zonas rurales del departamento.
“Quedamos nosotros muy expuestos a estas situaciones, a lo que está pasando en el departamento. Siempre somos la primera línea de atención en el territorio”, afirmó-
El presidente de la Asociación de Personeros también confirmó que persisten las amenazas contra funcionarios públicos debido a su labor en las zonas afectadas por la violencia.
“Muchos compañeros nos vemos expuestos directamente a amenazas, a controversias, a obstáculos para ejercer nuestra labor en territorio”, señaló-
Según Sanmiguel, esta situación se presenta pese a que la función de los personeros es acompañar y proteger a la población civil y documentar las vulneraciones de derechos humanos.
Por ello, desde la Asociación hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para fortalecer la protección tanto de las comunidades como de los funcionarios que permanecen en los territorios afectados por la violencia.
