Procuraduría investiga presuntas irregularidades en salarios de docentes de la Universidad de Sucre

Sincelejo

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para determinar si se presentaron irregularidades en el reconocimiento y pago de puntos salariales por productividad académica a docentes de planta de la Universidad de Sucre durante las vigencias 2023, 2024 y 2025.

 La decisión se conoce en medio de la controversia nacional por los altos salarios que llegó a devengar un grupo de profesores de la institución

“Cuando asumí la Rectoría encontré en curso una auditoría externa sobre publicaciones académicas presentadas para el reconocimiento de puntos salariales.

A partir de las alertas conocidas, decidimos poner la información en conocimiento de las autoridades competentes para que fueran ellas quienes determinaran si existían irregularidades.” Expresó el rector de la univerdad de Sucre Johny Avendaño

Según publicaciones periodísticas divulgadas este año, algunos docentes alcanzaron ingresos superiores a los 90 millones de pesos mensuales mediante el sistema de puntos salariales establecido en el Decreto 1279 de 2002.

Las denuncias generaron protestas estudiantiles, parálisis de actividades académicas y la intervención de organismos de control.

“Es importante precisar que el origen de esta investigación no estuvo en denuncias de terceros ni en publicaciones de medios de comunicación. La investigación se originó en información y actuaciones adelantadas por la propia Universidad de Sucre, que decidió documentar las alertas y remitirlas a las autoridades”, insistió Avendaño.

De acuerdo con el comunicado oficial, una auditoría revisó publicaciones académicas utilizadas para la asignación de puntos salariales y detectó situaciones que motivaron la intervención institucional.

Posteriormente, la Universidad informó del caso a la Procuraduría, organismo que asumió el proceso y, mediante una decisión adoptada el 21 de agosto de 2026, ordenó la apertura formal de la investigación disciplinaria.

La Universidad reiteró que seguirá colaborando con los organismos de control y sostuvo que el propósito es establecer con claridad si hubo responsabilidades, garantizando al mismo tiempo el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas vinculadas a la actuación.