Indalecio Dangond queda al frente de Santurbán: comunidades exigen destrabar delimitación del páramo

El Gobierno designó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, como ministro de Ambiente ad hoc para asumir las actuaciones relacionadas con la delimitación del complejo de páramos Santurbán-Berlín y de la reserva de recursos naturales en el costado occidental del macizo. La decisión se tomó después de que el Consejo de Ministros aceptara el impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, para intervenir en lo que compete al paramo.

El nombramiento quedó establecido en el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026. En ese sentido el ministro Dangond tendrá a su cargo estos trámites en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

Un proceso que sigue pendiente

La delimitación de Santurbán está relacionada con la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con participación de las comunidades. Desde entonces se han desarrollado diferentes etapas de diálogo y concertación para definir los límites del páramo y las medidas de protección del territorio.

Líderes sociales, comunitarios y representantes de la pequeña y mediana minería de Soto Norte aseguran que el proceso lleva nueve años sin concluir y que todavía hay municipios pendientes de avanzar en las mesas de concertación. Por eso, tras el nombramiento de Dangond, pidieron que estas conversaciones se reactiven y que se finalice la delimitación.

¿Qué piden en concreto las comunidades de Soto Norte?

Los líderes de la región explicaron que esperan que se retomen las mesas de concertación en los municipios que aún están pendientes y que se respeten los acuerdos que, según ellos, ya fueron alcanzados con comunidades de Vetas, California, Suratá y Matanza.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, pidió al Gobierno que avance en la delimitación sin nuevos aplazamientos y que tenga en cuenta los acuerdos alcanzados con las comunidades.

Los representantes de Soto Norte también sostienen que la incertidumbre sobre la delimitación afecta a las familias que dependen de la minería formal en la región. De acuerdo con sus estimaciones, más de 25.000 familias tienen relación con esta actividad económica.

Las organizaciones mineras defienden además la formalización como una herramienta para reducir los impactos ambientales y advierten que, desde su perspectiva, la falta de reglas claras puede favorecer el crecimiento de la minería ilegal.

La disputa por la quebrada La Baja

Otro de los puntos centrales está en la quebrada La Baja, en California, donde el Ministerio de Ambiente había establecido una reserva de recursos naturales sobre 1.499,23 hectáreas de la microcuenca. La medida restringía nuevos proyectos de mediana y gran minería en esa área, aunque contemplaba excepciones para situaciones jurídicas consolidadas y procesos de formalización de pequeña minería bajo condiciones ambientales.

La zona también está relacionada con el proyecto Soto Norte de Aris Mining, una iniciativa de minería de oro que se encuentra en etapa de estudio de prefactibilidad.

Sin embargo, la resolución que creó la reserva fue posteriormente revocada por el Ministerio de Ambiente, que explicó que la decisión respondía a una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga para reiniciar el trámite y garantizar la participación ciudadana.

A partir de ese antecedente, el Comité Santurbán pide que se rehaga la consulta pública sobre la reserva de La Baja antes de que se adopte una nueva decisión.

¿Qué viene para Santurbán?

Con Dangond como ministro de Ambiente ad hoc, el Gobierno tendrá que avanzar en las actuaciones administrativas de la delimitación de Santurbán-Berlín y de la reserva de recursos naturales del costado occidental del macizo.

Mientras el Ministerio sostiene que la protección del páramo continuará, las comunidades de Soto Norte esperan que se retomen las mesas de concertación y que las nuevas decisiones tengan en cuenta tanto la protección ambiental como las condiciones de quienes viven y desarrollan actividades económicas en el territorio.