Exsuperintendente demanda nombramientos del Gobierno en la Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá

La designación de los cuatro representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá quedó bajo revisión judicial. La exsuperintendente de Economía Solidaria María José Navarro anunció una demanda ante el Consejo de Estado, acompañada de una solicitud de medidas cautelares, al considerar que los nombramientos no cumplen una exigencia legal sobre la representación de la economía popular y solidaria.

Recordemos que los cuatro delegados designados por el Gobierno son Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Gregory Steven Schaller, CEO de Schaller Tech; Lewis Giovanni Grosso, vicepresidente de distribución y ventas de Allianz; y Luis Alberto Arango, empresario y docente. Quienes cupan los cuatro espacios que corresponden al Gobierno dentro de una Junta Directiva de 12 integrantes.

¿Por qué se esta dando la denuncia?

El centro de la discusión está según explica Navarro, en el artículo 87 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el Código de Comercio y estableció una condición para la representación del Gobierno en las juntas directivas de las cámaras de comercio.

La norma señaló que, entre los representantes del Gobierno Nacional, “como mínimo, uno de ellos deberá proceder de los micronegocios o microempresas de la economía popular o unidades de la economía solidaria”.

Navarro indicó que ninguno de los cuatro perfiles escogidos cumple con esa condición. Por eso considera que las designaciones desconocen una obligación que, según afirma, continúa vigente.

“Les quiero anunciar que demandaré esa designación de esos cuatro representantes, representantes del gran empresariado, representantes de los gremios de este país en la junta directiva de Bogotá”, afirmó Navarro.

La exsuperintendente también cuestionó específicamente la llegada de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Su argumento es que Cabal ya tenía presencia en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá como representante del sector privado. La propia Cámara registra a Cabal entre los miembros elegidos por los afiliados.

Por eso, Navarro cuestionó que pueda tener nuevamente un asiento, esta vez como delegado del Gobierno.

“Mientras para los grandes gremios puede haber silla hasta dos veces, para la economía popular y solidaria no dejaron ni una”, señaló.

La crítica de Navarro a los cuatro nombramientos

La exsuperintendente también llamó la atención sobre otro aspecto: los cuatro nuevos delegados son hombres. En su denuncia, Navarro vinculó esa composición con lo que considera una falta de representación de las mujeres de la economía popular.

“Están cometiendo una ilegalidad en la Cámara de Comercio de Bogotá, nombrando a cuatro hombres que no representan a la economía popular, ni la economía solidaria”, afirmó.

En la misma intervención agregó una crítica política al Gobierno: “Son hombres porque este gobierno repudia a las mujeres y más si son mujeres populares”.

Pero, ¿Qué pide con la demanda?

Navarro busca que se revise la legalidad de las cuatro designaciones y solicitó medidas cautelares mientras avanza el proceso.

Su argumento es que el Gobierno no puede escoger libremente los perfiles si con ello se incumple el requisito de representación establecido en la Ley 2294.

“Este Gobierno puede cambiar sus prioridades políticas, pero no puede cambiar la ley a su antojo. Por eso presentamos esta demanda y solicitamos medidas cautelares”, afirmó.

Cabe decir que, la controversia llega después de que el Gobierno renovara sus cuatro representantes en la Cámara de Comercio de Bogotá mediante decretos expedidos en septiembre. El propio Decreto 1369 de 2026 señala que los representantes del Gobierno son sus voceros y deben actuar consultando la política gubernamental vigente.