SIC señala presunto esquema de corrupción en contratos del Parque de las Aguas de Medellín
Un contrato por más de $15.748 millones y una competencia que, según la SIC, habría sido solo una fachada.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encontró un presunto esquema de corrupción contractual en la contratación del Parque de las Aguas de Medellín, adelantada en 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El caso fue presentado por Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, quien explicó que la investigación de la Superintendencia no se refiere, según la entidad, a un simple error de trámite, sino a una estructura que habría sido utilizada para eliminar la competencia, simular la participación de varios oferentes y terminar entregando contratos a empresas que ya habrían sido escogidas previamente.
De acuerdo con la información divulgada sobre la decisión, más de $15.748 millones fueron canalizados mediante los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 hacia Metroparques. La SIC cuestionó que esta entidad no tendría la experiencia ni la capacidad necesaria para ejecutar directamente las actividades que estaban siendo contratadas.
A partir de ese mecanismo, según la Superintendencia, se realizaron ocho invitaciones privadas que terminaron favoreciendo a Comercializadora Jotapino S.A.S., Unosoluciones S.A.S. y Construamérica S.A.S.
¿Cómo habría funcionado el esquema?
La SIC señala que se habrían invitado proveedores que no tenían capacidad real para ejecutar los contratos y que habrían servido para generar una apariencia de competencia.
También cuestionó los criterios utilizados para evaluar las propuestas. Según la denuncia, se habrían establecido requisitos insuficientes para contratos de ese costo, modificado las reglas de evaluación, excluido ofertas que podían resultar convenientes para el Estado y aceptado certificados de experiencia que no correspondían con los servicios que se estaban contratando.
Con ese procedimiento, los contratos habrían terminado en manos de empresas que, de acuerdo con la SIC, no contaban con la experiencia ni con la suficiente solidez financiera para asumirlos.
La Superintendencia calificó jurídicamente estas actuaciones como corrupción contractual y señaló que se habría utilizado a entidades públicas como intermediarias para evitar una selección competitiva, fabricar una apariencia de pluralidad y favorecer a determinados proveedores.
El caso pasa a las autoridades
La decisión ya fue notificada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques, Construamérica, Jotapino y Unosoluciones, además de las personas naturales vinculadas al caso: Álvaro Alonso Villada García, María Eugenia Domínguez Castañeda, Viviana del Valle Velázquez, Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, Juan Alexander Pino Jaramillo y Yamilet Galíndez Chilito.
La actuación también fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La razón, según explicó Miller Soto, es que los hallazgos podrían tener distintas implicaciones.
Los implicados pueden controvertir la decisión
Soto de igual forma hizo una precisión frente al alcance de la decisión. Los implicados tienen derecho a controvertir las pruebas y a presentar los recursos de ley contra la actuación de la Superintendencia.
Por eso, aunque la SIC ya emitió su decisión y calificó las conductas investigadas como corrupción contractual, esto no equivale por sí mismo a una condena penal contra las personas mencionadas.
El caso corresponde a contratos celebrados en 2021, puesto que, indicó que el hecho de que la contratación haya ocurrido durante una administración anterior no impide que las entidades de control investiguen posibles irregularidades conocidas posteriormente.
Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...
