Defensoría alerta por desplazamientos y restricciones impuestas por disidencias en Anorí

Medellín, Antioquia

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, denunció que el Frente 36 de las disidencias de las Farc, asociado a la estructura de alias “Calarcá-Córdoba”, estaría imponiendo restricciones de movilidad y conducta y provocando desplazamientos forzados en Anorí, Antioquia.

A través de su cuenta de X, la funcionaria calificó estas acciones como infracciones al derecho internacional humanitario y exigió al grupo armado levantar las órdenes de control sobre la población civil.

“El Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá - Córdoba’ ha ordenado restricciones de movilidad, conducta y el desplazamiento forzado de personas en el municipio de Anorí. Estas acciones constituyen inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario”.

Un riesgo advertido desde 2022

Marín señaló que la situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 023 de 2022, que cuenta con una nota de seguimiento, la 024 de 2026, emitida en julio.

El escenario de riesgo comprende a Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, municipios donde la Defensoría identifica una expansión del Clan del Golfo y la continuidad de un acuerdo operativo entre las disidencias de Calarcá-Córdoba y el ELN.

Según la defensora, esta dinámica armada ha provocado afectaciones permanentes a los derechos humanos de las comunidades y mantiene diferentes formas de violencia contra la población civil.

Reclutamiento de menores y amenazas a la población

Entre las conductas advertidas por la Defensoría están la utilización de métodos de intimidación para generar temor en las comunidades, el empleo de métodos y medios de guerra prohibidos y el reclutamiento de menores de edad para su participación activa en las hostilidades.

Ante este escenario, la defensora reiteró el llamado a las autoridades para cumplir las recomendaciones formuladas en la alerta temprana y fortalecer las acciones de prevención y protección.

Entre las medidas planteadas están la disuasión de la amenaza, la protección integral de las comunidades, el desminado, el intercambio de información entre instituciones, la prevención y atención del reclutamiento de menores, la protección de líderes sociales y el fortalecimiento de la investigación y el acceso a la justicia.

La Defensoría también pidió avanzar en acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades afectadas por la violencia.

La funcionaria insistió además en que los grupos armados deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y cesar las medidas de control que afectan la movilidad y las condiciones de vida de la población civil.