Directora de Prosperidad Social denunció irregularidades en administración de Gustavo Petro
Durante la revisión fueron encontrados contratos y donaciones “dudosas e injustificadas”, algunos con ejecución concentrada durante el periodo de campaña presidencial.
La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas del gobierno de Gustavo Petro, luego de identificar situaciones que, según explicó, requieren un examen técnico y jurídico más profundo.
Suárez señaló que durante la revisión fueron encontrados contratos y donaciones que calificó como “dudosas e injustificadas”, algunos con ejecución concentrada durante el periodo de campaña presidencial.
También mencionó nombramientos en provisionalidad frente a los cuales no se habría podido verificar el cumplimiento de los requisitos y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya documentación está siendo examinada.
“Encontramos nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”, afirmó la directora de Prosperidad Social.
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¿Qué está revisando Prosperidad Social?
La entidad dispuso un equipo interdisciplinario para profundizar en las auditorías, establecer el estado de los recursos públicos comprometidos, comprobar el cumplimiento de las normas y determinar las acciones que correspondan.
Entre los asuntos que están bajo revisión se encuentran:
- Contratos por altos montos: se analiza su ejecución, justificación, cumplimiento y destinación de los recursos, especialmente aquellos concentrados en los meses de la campaña presidencial.
- Nombramientos en provisionalidad: se revisan más de una decena de casos en los que no se habría verificado el cumplimiento de los requisitos y las normas relacionadas con la carrera administrativa.
- Cerca de un billón de pesos: corresponden a recursos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución cuya información, soportes y procesos de legalización o cierre están siendo analizados.
- Más de 900 contratos de prestación de servicios: la entidad revisa si estaba justificada su necesidad.
- Donaciones: se investigan entregas realizadas durante el primer semestre de 2026, debido a que no existe claridad sobre los beneficiarios finales.
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De acuerdo con Prosperidad Social, el análisis se inició a partir de una alerta por parte de funcionarios, sindicatos de la entidad e informes de organismos de control.
Prosperidad Social remitirá posibles irregularidades a las autoridades
Sandra Suárez aseguró que la administración no encubrirá ni minimizará las alertas relacionadas con posibles hechos de corrupción o irregularidades.
“Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, detalló Suárez.
La entidad aclaró que las situaciones examinadas corresponden a actuaciones del gobierno anterior y que, por ahora, se encuentran en una etapa de inspección. Por ello, el proceso no constituye una determinación de responsabilidad.
Prosperidad Social indicó que los hechos documentados que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos de control y autoridades competentes, respetando el debido proceso.
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“Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó Suárez.
Finalmente, dijo que informará oportunamente los avances y resultados de las auditorías.
