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Accionistas de Aguas de Cartagena alertan sobre riesgos de crear nueva empresa pública de agua

Los accionistas Clase B de Acuacar piden al Concejo analizar los costos, riesgos jurídicos y fiscales del Proyecto de Acuerdo 116 antes de reemplazar o modificar el actual modelo de prestación del servicio

Foto: Aguas de Cartagena.

Foto: Aguas de Cartagena.

Foto: Aguas de Cartagena.

Los Accionistas Clase B de Aguas de Cartagena solicitaron al Concejo Distrital realizar un análisis integral antes de tomar una decisión sobre el Proyecto de Acuerdo No. 116 de 2026, que plantea la creación de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P.

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La petición surge ante las dudas sobre las consecuencias que podría generar la coexistencia de la nueva empresa con Aguas de Cartagena, que actualmente presta el servicio bajo un contrato vigente. Según los accionistas, antes de aprobar la iniciativa deben estudiarse sus efectos técnicos, jurídicos, económicos, financieros, fiscales y patrimoniales.

Uno de los principales puntos de preocupación es la posible duplicidad de funciones e interferencia contractual, así como los costos de mantener dos estructuras operando simultáneamente. La Procuraduría General de la Nación también habría advertido preventivamente sobre esta situación.

Los accionistas señalan que la facultad legal del Distrito para crear una empresa pública no significa necesariamente que esta sea la opción más conveniente. Por ello, consideran necesario comparar alternativas como fortalecer el modelo actual, renegociar sus condiciones, asignar nuevas funciones o implementar un esquema diferente.

Además, advierten que el contrato vigente, denominado GISAA, tendría más de ocho años por cumplir. Una eventual terminación anticipada mediante caducidad podría generar reclamaciones por parte de Veolia, socio operador, y eventuales indemnizaciones para el Distrito, además de posibles responsabilidades para funcionarios, dependiendo de las circunstancias y decisiones adoptadas.

El llamado de los accionistas es a que la decisión sobre el futuro del agua en Cartagena se tome con información completa, estudios verificables y seguridad jurídica, priorizando la continuidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio.

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