Viviane Morales defiende polémico proyecto de decreto: “No se trata de privatizar la educación”

Morales aseguró que la propuesta no traslada ni sustituye la responsabilidad del Estado sobre la prestación del servicio educativo, sino que permite a las entidades territoriales apoyarse en terceros para la administración de los colegios oficiales.

“La modificación que se propone introduce precisiones jurídicas al modelo de los colegios educativos en administración. Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales”, explicó la ministra.

El proyecto contempla que entidades territoriales puedan apoyarse en organizaciones con experiencia e idoneidad en asuntos pedagógicos, administrativos y de gestión. En el caso de los colegios oficiales en administración, terceros o basicamente, privados podrían asumir funciones de organización, dirección, administración y operación bajo las condiciones establecidas en los contratos.

Pero Morales insistió en que esto no significa que los colegios dejen de ser públicos.

“Bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales, la matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio”, afirmó.

Y fue enfática frente a la interpretación de que el proyecto supondría una privatización: “De ninguna manera se trata de privatizar la educación.”

La defensa del modelo de colegios en administración

La ministra también defendió los resultados de este modelo y puso como ejemplo a Bogotá, donde, según indicó, existen 38 colegios en administración.

Morales aseguró que las evaluaciones muestran resultados positivos en permanencia y trayectoria educativa, mejores resultados en las pruebas Saber 11, mayor tránsito hacia la educación superior y resultados favorables en materia de eficiencia.

“La experiencia de los colegios en administración ha sido exitosa”, sostuvo.

La explicación de la ministra llega en medio de una discusión sobre el alcance que podría tener el proyecto, que plantea contratos de administración de establecimientos oficiales de hasta 12 años y contempla que el personal contratado directamente por operadores privados se rija por el derecho privado.

¿Y qué pasa con las iglesias?

Morales también se refirió al otro punto que ha generado especial atención: la participación de iglesias y confesiones religiosas.

El proyecto contempla contratos para desarrollar estrategias de desarrollo pedagógico y brindar apoyo pedagógico y administrativo para los proyectos educativos de establecimientos oficiales.

La ministra sostiene que tampoco se trata de una figura nueva.

“El decreto repite lo que se ha establecido desde 1994, que las entidades religiosas pueden colaborar en la prestación del servicio educativo”, afirmó.

Según Morales, esta colaboración se ha utilizado especialmente en zonas donde las entidades territoriales certificadas no logran tener presencia suficiente.

Y defendió además su respaldo jurídico “Ese tipo de colaboración de las entidades religiosas, de las confesiones religiosas está prevista en la ley de libertad religiosa y fue declarada constitucional por la Corte”, aseguró.

La ministra hizo una precisión adicional, donde indicó que la participación de las iglesias en estrategias pedagógicas no significa que estas organizaciones vayan a asumir la administración general de los colegios. Esa es una modalidad distinta contemplada en el proyecto.

El proyecto todavía puede cambiar

Morales recordó que el documento no es todavía una norma definitiva y que se encuentra en consulta pública.

“El proyecto de decreto está en la página del Ministerio de Educación para recibir las observaciones de todos los interesados y construir la mejor propuesta”, señaló.