Desalinizadora de Santa Marta, entre hallazgos anticorrupción del Gobierno de De la Espriella
El proyecto, con recursos cercanos a los $786.000 millones, fue llevado por el equipo élite anticorrupción a la Procuraduría, que solicitó suspender temporalmente su proceso contractual. La Fiscalía anunció una revisión de las denuncias presentadas por el Gobierno.
Desalinizadora de Santa Marta, bajo revisión. Foto: ESSMAR
El futuro de la desalinizadora de Santa Marta, uno de los grandes proyectos impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar el histórico problema de abastecimiento de agua de la ciudad, quedó bajo revisión luego de que la Procuraduría solicitara suspender temporalmente su proceso contractual.
La obra, que compromete recursos cercanos a los $786.000 millones, fue incluida por el Gobierno de Abelardo De la Espriella entre los casos que su equipo élite anticorrupción llevó a los organismos de control.
Durante la presentación del denominado Libro de la Verdad, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, señaló que el proceso para la construcción de la planta fue uno de los casos destacados durante el empalme y aseguró que su equipo solicitó la intervención de la Procuraduría.
El Ministerio Público inició una vigilancia preventiva y pidió a ESSMAR suspender temporalmente el procedimiento contractual, mientras revisa aspectos relacionados con la planeación, el respaldo presupuestal, los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia y la transparencia del proceso.
¿En qué iba la desalinizadora de Santa Marta?
El proyecto había sido declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025, con recursos cercanos a los $786.000 millones de la Nación. Inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en el sector sur de la ciudad y otra para la zona de Taganga.
Sin embargo, durante la estructuración de 2026 el proyecto fue modificado y el proceso contractual terminó concentrándose en una planta en el sector de Pescaíto. La Procuraduría pidió revisar precisamente los cambios introducidos frente al proyecto inicialmente aprobado.
El proceso de contratación comenzó en junio, cuando ESSMAR abrió la convocatoria para seleccionar al responsable de desarrollar la infraestructura. La Procuraduría pidió detener temporalmente este procedimiento, pero el proyecto como tal no ha sido cancelado.
Ahora, además de la revisión de la Procuraduría, el caso quedó en manos de los organismos de investigación. Durante la entrega del Libro de la Verdad, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la creación de un equipo especial para revisar las más de 80 denuncias presentadas por el Gobierno de Abelardo De la Espriella, bajo la dirección de las unidades de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y especializada contra la Corrupción.
La Fiscalía deberá determinar, con base en la evidencia, si las denuncias dan lugar a investigaciones y eventuales responsabilidades penales. Por ahora, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades y no a una decisión judicial que determine que hubo corrupción.
Para Santa Marta, la revisión tiene especial importancia, porque se trata de una de las inversiones más grandes planteadas para buscar una solución estructural al histórico déficit de agua potable de la ciudad.
Por ahora, la Procuraduría solicitó suspender temporalmente el proceso contractual mientras avanzan las verificaciones, mientras la Fiscalía deberá determinar si las denuncias presentadas por el Gobierno dan lugar a investigaciones y eventuales responsabilidades penales.
