SIC investiga a 7 arroceras por presuntamente pagar menos del tarifa oficial a productores
La entidad indaga compras hechas por debajo del precio regulado por el Gobierno en cinco regiones del país entre agosto y diciembre de 2025.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal y formuló cargos contra siete empresas del sector arrocero. La entidad busca determinar si las compañías pagaron a los agricultores montos inferiores al precio mínimo regulado entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025.
Se trata de las primeras actuaciones de este tipo desde que se implementó el nuevo esquema para este grano en el país.
En 2025, el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 241, que fijó un “precio piso” obligatorio para la compra de arroz paddy verde (grano de arroz con cáscara recién cosechado). Esta tarifa mínima busca proteger el sustento de las familias rurales calculando los costos reales de producción en cinco regiones: Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes.
El modelo establece un piso económico obligatorio, comprador y vendedor pueden pactar tarifas superiores según la dinámica del mercado, pero la ley prohíbe cerrar negocios por debajo de la base señalada para cada zona.
Bajo esta norma, las empresas pueden negociar un precio más alto con el agricultor, pero tienen prohibido por ley pagar por debajo de esa tarifa base.
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Tras inspecciones contables realizadas entre enero y abril de 2026, la SIC detectó transacciones que habrían desconocido el piso regulado. Además, aclaró que aunque algunas empresas tenían un acuerdo de estabilización, las compras cuestionadas se hicieron en fechas no cubiertas por ese beneficio, por lo que debían respetar la tarifa del Ministerio.
Las empresas investigadas son:
-Agroindustria Sismar S.A.S.
-Agrointegral Andina S.A.S.
- Arrocera Don Llano
-Arrocera Formosa S.A.S.
-Coproarroz del Llano S.A.S.
-Estación Agrícola S.A.S.
-Villarroz S.A.
“La regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel. Detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La SIC tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y actuar cuando encuentra indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda“, aclara la entidad.
La SIC enfatizó que la formulación de cargos no es una sanción definitiva. Las siete empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos y pruebas. De confirmarse la infracción, las multas podrían alcanzar los 2.000 salarios mínimos mensuales (bajo la Ley 1480 de 2011)
