Fiscalía: hubo ‘acuerdo criminal’ entre funcionarios de MinDefensa y Vertol sobre contrato de Mi-17

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Por primera vez desde que comenzó el proceso judicial por el cuestionado proceso para hacerle mantenimiento a la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército, la Fiscalía aseguró que hubo un acuerdo criminal entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional para direccionar el millonario contrato. Este se suscribió el 31 de diciembre de 2024, entrada la noche, en medio de varias irregularidades.

Durante las audiencias de imputación de cargos contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y su socio Carlos Martín Uribe, propietario de la empresa MI Series Personnel & Parts, el fiscal José Ignacio Arias Ciro señaló a ambos de haberse aliado con altos mandos del Ministerio para direccionar el negocio, valorado en 32,4 millones de dólares (104.000 millones de pesos).

La Fiscalía les endilgó la presunta comisión de siete delitos: falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación y tráfico de influencias de servidor público.

Según la investigación, los contactos entre los empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa comenzaron en septiembre de 2024. Esto coincide con documentos revelados por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en los que consta que por esas mismas fechas la Misión del Ejército de los Estados Unidos abortó un acuerdo directo entre ese país y Colombia, para el mantenimiento de las aeronaves, después de ser notificada verbalmente de que el Ministerio de Defensa había optado por negociar directamente con privados.

“Entre los meses de septiembre y octubre de 2024, Carlos Martín Uribe Forero, representante de la empresa MI Series Personnel and Parts, en asocio con James Lee Montgomery, logró cohesionar a varios funcionarios públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que se direccionara hacia Vertol Systems Company el proceso contractual para el mantenimiento de la flota Mi-17″, dijo el fiscal Arias.

‘Exviceministro Suárez veló por que se cumpliera el propósito criminal’

De acuerdo con la Fiscalía, el protagonista del presunto plan criminal dentro del Ministerio de Defensa fue el entonces viceministro Luis Edmundo Suárez. Las pesquisas indican que el exfuncionario habría liderado el amarre del contrato y determinado a sus subalternos para que la entrega del contrato a Vertol avanzara sin contratiempos.

“El doctor Luis Edmundo Suárez Soto, viceministro para la Estrategia y Planeación, no se limitó a dar la orden ilegal, sino que asumió la dirección de la etapa precontractual, sin tener funciones para ello. Se convirtió en un eje de coordinación del proceso valiéndose de su posición jerárquica dentro del Ministerio de Defensa Nacional, en pro de velar que se cumpliera el propósito criminal inicial, para lo cual realiza múltiples actos complementarios”, expuso el representante de la Fiscalía.

Arias le dijo al juez que tiene en su poder comunicaciones de Suárez con Vertol y MI Series “tendientes a avanzar en la estructuración del trámite contractual a su favor”.

“(Suárez) Procedió en fecha indeterminada del mes de septiembre de 2024 a ordenar verbalmente que el futuro proceso contractual para el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 se iba a tramitar, bajo la modalidad de selección directa reservada, con la empresa Vertol Systems Company (...) Esa orden se dio a pesar de que para ese momento no existían estudios jurídicos previos que sostuvieran la viabilidad de esa modalidad de selección”, subrayó Arias.

Para la Fiscalía, el entonces viceministro tenía un interés indebido en la negociación, por lo cual abogó para que se flexibilizaran los requisitos, en favor de Vertol. “Que no debían ser tan legalistas, que había que ser creativos, buscar soluciones, tener una mente abierta, hasta el punto de que los calificó de ser más papistas que el Papa”, dijo el fiscal sobre la forma en que el funcionario se habría dirigido al comité estructurador del contrato.

Según la investigación, en una reunión con esa instancia, realizada el primero de noviembre de 2024, Suárez incluso tocó la puerta de la Aeronáutica Civil para interceder por MI Series, el taller responsable del mantenimiento de los helicópteros.

“En esa reunión, el doctor Luis Edmundo Suárez contactó telefónicamente al director de la Aerocivil (Sergio París) y le solicitó apoyo para la agilización de unos trámites de verificación orientados a la ampliación de capacidades técnicas de la organización de mantenimiento MI Series Personnel and Parts, representada por el precitado Uribe. Esa solicitud entre entidades, con apariencia de legalidad, tenía un propósito particular y no general: ayudarle a Carlos Martín Uribe a preconstituir requisitos técnicos”, sentenció el fiscal del caso. Tras la gestión del alto funcionario, la Aerocivil efectivamente agilizó el proceso.

Para llegar a este punto, antes fue necesario eliminar la opción más conveniente para el mantenimiento de las aeronaves: un acuerdo Estado-Estado con los Estados Unidos, país con el que Colombia tiene una larga historia de colaboración militar.

En la imputación de cargos, el ente investigador también afirmó que el exviceministro fue quien ordenó modificar la forma de pago para entregarle a Vertol un anticipo del 50% (equivalente a 16,2 millones de dólares), a pesar de que la compañía no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Y agregó que los encargados de desplegar las órdenes ilícitas de Suárez fueron el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación del Ministerio, y Herbert Buitrago, el director de logística.

El papel de los ejecutivos de Vertol y MI Series en el ‘acuerdo criminal’

En las diligencias, la Fiscalía sostuvo ante el juez que James Lester Montgomerie y Carlos Martín Uribe participaron del amaño del negocio desde la etapa precontractual, lo que les permitió apropiarse de 16,2 millones de dólares del tesoro público, que nunca devolvieron. El dinero que recuperó el Ministerio de Defensa, 22 millones de dólares, lo puso la aseguradora Berkeley International, garante del acuerdo.

Para el ente investigador, Carlos Martín Uribe fue el intermediario entre Vertol y el Ministerio de Defensa. Sobre James Montgomerie, dijo que consintió el acuerdo ilegal, aceptó que Uribe fuera su representante y sostuvo comunicaciones directas con el entonces viceministro Luis Edmundo Suárez.

“Desde el inicio del proceso de estructuración, el señor Montgomerie aceptó que la contratación fuera direccionada a favor de su empresa, a pesar de carecer de los requisitos técnicos, financieros y de experiencia exigidos por la normatividad aplicable”, señaló Arias.

La Fiscalía cargó no solamente contra Suárez y los ejecutivos de Vertol, sino que también detalló la presunta participación de otros altos funcionarios del Ministerio de Defensa que habrían tenido relación con el supuesto plan criminal.

El fiscal del caso explicó que el director de Logística, Herbert Buitrago, fue comisionado por el viceministro para hacerle un seguimiento detallado al proceso de contratación y para que sirviera como “enlace” con la Dirección de Contratación Estatal y los directivos de Vertol, tareas que excedían sus competencias.

Buitrago habría servido también como traductor durante las comunicaciones entre Suárez y los representantes de Vertol. Según la investigación, fue también quien tramitó la cotización de Vertol Systems Company para que participara en el proceso, aun cuando no había hecho parte del estudio de mercado. Así mismo, ignoró los informes que descalificaban a la empresa estadounidense.

“Su actuar ocurrió por encargo expreso de su superior inmediato, el doctor Luis Edmundo Suárez Soto. En desarrollo de ese encargo, el señor Buitrago participó activamente en reuniones técnicas, jurídicas y de coordinación, impartiendo instrucciones al gerente del proyecto, trasladando documentación, coordinando solicitudes de información y facilitando el flujo directo de información de los particulares Carlos Martín Uribe y James Lester Montgomerie con el viceministro Luis Edmundo Suárez Soto, el coronel Rincón, Hugo Alejandro Mora Tamayo, y los integrantes del comité estructurador”, detalló el fiscal.

En cuanto a Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio y el primero en dar un paso al frente para aceptar que alrededor de este contrato hubo corrupción, la Fiscalía aseveró que fue el funcionario elegido por el viceministro Suárez para realizar el estudio económico del contrato, debido a que la Dirección de Contratación no se habría prestado para el direccionamiento. Buitrago le habría ordenado que firmara la aprobación del estado económico del negocio, lo cual ocurrió el 30 de diciembre de 2024.

La Fiscalía reprochó la laxitud que tuvo con Vertol el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto. Según lo narrado en las audiencias, el oficial ampliaba los plazos del proceso en favor de esta empresa y le insistió al menos tres veces a su representante legal para que presentara la cotización e hiciera parte del proceso contractual, a pesar de no haber sido incluida en la fase de exploración.

Finalmente, el ente investigador detalló el compendio de irregularidades que envolvieron este contrato dentro de un manto de corrupción en el Ministerio de Defensa. El fiscal Arias Ciro expresó que las facilidades con Vertol fueron tantas que ni siquiera le pidieron los estados financieros del último año y cambiaron los requisitos, limitándose a pedirles una “situación financiera” del 2024 que no permitía verificar la real capacidad financiera de la empresa.

También se permitieron autocertificaciones de experiencia firmadas por el propio James Lester Montgomerie y hasta se acudió a contratar directamente cuando el Manual de Contratación lo impedía, según la Fiscalía.

La próxima diligencia de este caso será la reanudación de la imputación de cargos al señalado “cerebro” del entramado de corrupción: el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto. La diligencia fue programada para el próximo 27 de julio, luego de varios aplazamientos por inasistencias del alto funcionario o acciones legales con las que quiso ser calificado como aforado, pero nada le prosperó. Lo cierto es que Suárez Soto se ve cada vez más arrinconado por los hechos y avances de la investigación. ¿Cuándo le va a contar al país la verdad de lo que pasó?