Cooperativas rurales desembolsaron casi $1 billón en créditos para campesinos y pequeños productores

Las cooperativas de ahorro y crédito del país desembolsaron cerca de $1 billón en créditos productivos entre octubre de 2024 y mayo de 2026, recursos que, según la Superintendencia de la Economía Solidaria, permitieron financiar proyectos de campesinos, pequeños productores y emprendedores rurales que, en muchos casos, enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

De acuerdo con la entidad, estos recursos llegaron principalmente a iniciativas relacionadas con actividades agrícolas y productivas, fortaleciendo el trabajo de cooperativas, asociaciones y organizaciones de la economía solidaria en distintas regiones del país.

Para la Supersolidaria, el acceso a este tipo de financiación representa una herramienta para impulsar la producción, generar ingresos y dinamizar las economías locales, especialmente en zonas rurales donde las alternativas de crédito suelen ser más limitadas.

A diferencia de un crédito de consumo, el crédito productivo está dirigido a financiar actividades que generan ingresos, como la compra de maquinaria, herramientas, insumos, equipos o capital de trabajo para desarrollar o ampliar un negocio. En muchas regiones, las cooperativas se han convertido en una de las principales opciones para que pequeños productores y emprendedores puedan acceder a este tipo de recursos.

¿Qué cambió en la vigilancia de las cooperativas?

Además de destacar el crecimiento del crédito productivo, la Supersolidaria aseguró que otro de los principales cambios durante esta administración fue transformar la forma en que se supervisan las organizaciones solidarias.

Hasta ahora, muchas cooperativas eran vigiladas bajo criterios similares, sin importar si se trataba de grandes entidades financieras o de pequeñas organizaciones rurales. Según explicó la entidad, ese modelo no respondía a la diversidad del sector, conformado en gran parte por cooperativas de menor tamaño que operan en municipios y zonas apartadas del país.

Por esa razón, la Superintendencia afirmó que implementó un esquema de supervisión basado en riesgos y con enfoque diferencial. En la práctica, esto significa que la vigilancia tiene en cuenta aspectos como el tamaño de la organización, su actividad económica y el territorio donde desarrolla sus operaciones, en lugar de aplicar las mismas exigencias para todas las entidades.

La entidad considera que este modelo permite identificar riesgos con mayor anticipación, fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones y orientar las acciones de supervisión hacia la prevención, más que hacia la reacción cuando ya se presentan problemas financieros o administrativos.

La superintendente saliente, María José Navarro, aseguró que durante años el sector fue supervisado prácticamente bajo las mismas reglas, pese a que las cooperativas tienen realidades muy diferentes.

“Durante muchos años las organizaciones eran supervisadas prácticamente bajo la misma lupa, bajo las mismas reglas, pero eso terminó siendo un problema para el sector solidario porque somos un sector demasiado diverso”, señaló la funcionaria.

Más presencia en las regiones

Otro de los aspectos que la Supersolidaria destacó en su balance fue el fortalecimiento del trabajo en los territorios. Según la entidad, durante esta administración se incrementaron las visitas a las regiones para conocer directamente cómo funcionan las cooperativas y cuáles son las necesidades que enfrentan, especialmente en las zonas rurales.

Para la Superintendencia, este acercamiento permitió construir una relación más cercana con las organizaciones vigiladas y entender mejor los retos de quienes impulsan proyectos productivos fuera de las grandes ciudades.

Navarro aseguró que este cambio también transformó la manera en que la entidad ejerce la supervisión.

“Me sorprendió mucho que muy pocos funcionarios habían ido al territorio. ¿Cómo superviso desde el escritorio y el computador? Eso también te da otra visión de las cosas y otra visión de cómo supervisar”, afirmó.

La entidad agregó que este trabajo permitió fortalecer el diálogo con las organizaciones y facilitar la implementación de nuevas metodologías de supervisión, basadas en el acompañamiento y la construcción de confianza.

El reto para el próximo Gobierno

Como parte del proceso de empalme, la Supersolidaria señaló que deja una hoja de ruta para que la próxima administración continúe fortaleciendo la economía solidaria y el cooperativismo como una alternativa para ampliar el acceso al crédito productivo en el país.

Entre los desafíos planteados está consolidar el modelo de supervisión basado en riesgos, mantener el acompañamiento a las cooperativas rurales y seguir fortaleciendo organizaciones que hoy representan una fuente de financiación para miles de campesinos, pequeños productores y emprendedores.

Para la entidad, el objetivo es que las cooperativas continúen siendo un vehículo para impulsar proyectos productivos, generar empleo y promover el desarrollo económico en las regiones, especialmente en territorios donde el acceso a servicios financieros sigue siendo una de las principales barreras para el crecimiento.