Contrato de 700 millones de dólares divide a las directivas de Ecopetrol

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A un mes de la finalización del gobierno Petro, las directivas de Ecopetrol están divididas frente a la adjudicación, por diez años, de un contrato de 700 millones de dólares (cerca de 2,4 billones de pesos) para el mantenimiento de las dos refinerías del Grupo, la de Barrancabermeja y la de Cartagena.

El 3 de julio, los gerentes de estas plantas, Freddy Mauricio Jurado (en encargo) y Alfonso Enrique Núñez, respectivamente, le escribieron un memorando a Claudia Milena Rincón, de la Jefatura de Abastecimiento, Facilidades y Paradas, para pedirle que se evalúe “la pertinencia de suspender temporalmente” este proceso contractual.

Su solicitud, dicen, se hace en atención a los cuestionamientos “sobre la transparencia, objetividad y garantías” del billonario negocio. Las alertas al respecto ya las había activado el vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, Felipe Trujillo.

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El 12 de mayo, el ejecutivo de la petrolera puso en conocimiento del jefe de Compras y del jefe de Abastecimiento del área de Refinación y Petroquímicos los reparos que recibió de uno de los interesados en el contrato. Dos días después, los resumió en un correo electrónico dirigido a los mismos funcionarios.

El pero más grave es que, según el empresario, en el mercado circula la versión de que el negocio está direccionado. Además del rumor, el oferente criticó la significativa reducción del nivel de exigencia para las compañías interesadas, en términos de experiencia internacional y del tamaño de los contratos suscritos en los últimos años, entre otros aspectos. También señaló que se crearán intermediaciones que hoy no existen, que estas encarecerán los servicios prestados y que no se reconocen los imprevistos que el contrato actual sí incluye.

A pesar de los 13 cuestionamientos recogidos por Trujillo, el proceso siguió adelante. El jueves 2 de julio, un día antes del memorando de los gerentes de las refinerías, se cerró la recepción de ofertas.

La solicitud de los gerentes de las dos refinerías de Ecopetrol fue reiterada el 6 de julio en un nuevo memo con unos términos más precisos: suspender el proceso por tres meses, “con el propósito de garantizar que las decisiones que se adopten dentro del trámite contractual se desarrollen bajo condiciones reforzadas de transparencia, objetividad, trazabilidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades y protección de los intereses de Ecopetrol”. En otras palabras, piden que el que decida sobre este contrato sea el gobierno entrante, que ya anunció que la remoción del actual presidente de la petrolera estatal, Ricardo Roa, es una de sus prioridades.

Los señalamientos de las veedurías y la versión de Trujillo

Menos de tres semanas después de enviar el correo con las presuntas irregularidades que conoció, el vicepresidente Trujillo fue señalado por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), quien aseguró en un video publicado en redes sociales que el ejecutivo “presuntamente aparece con múltiples alarmas en asuntos contractuales, relacionamiento indebido con contratistas, bienes suntuosos y altas cifras de movimientos en efectivo, según información que al parecer se ha mantenido oculta en la UIAF”.

Trujillo asegura que días antes de la publicación de Bustos le mandaron decir, con un compañero de Ecopetrol, que destruirían su reputación por atreverse a sugerir que pausaran la adjudicación del contrato de mantenimiento de las refinerías.

Caracol Radio buscó al veedor para conocer las pruebas contra Trujillo. Bustos contestó que “las personas que suministraron la información (supuestos trabajadores de Ecopetrol) prefieren mantener su anonimato y remiten a las investigaciones de las autoridades”. Cuando se le garantizó el anonimato de los denunciantes, dijo que sobre las evidencias también pesa una reserva.