Consejo de Estado admite tutela que busca frenar efectos de las Zonas de Ubicación Temporal

El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el abogado Mauricio Pava Lugo, quien cuestiona la demora de la Sección Primera de esa corporación para resolver una solicitud de suspensión provisional contra la Resolución 471 de 2025, norma que dio vida a estos espacios destinados a la ubicación de integrantes de grupos armados en medio de negociaciones con el Estado.

La decisión fue adoptada por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien ordenó vincular a la Presidencia de la República al trámite constitucional y solicitó el expediente completo del proceso de nulidad que actualmente cursa contra la resolución. Aunque la corporación negó la medida provisional solicitada dentro de la tutela, consideró que existen elementos suficientes para estudiar de fondo el reclamo relacionado con el acceso a la administración de justicia y la eventual afectación de la tutela judicial efectiva por la demora en resolver las medidas cautelares.

El caso es relevante por los tiempos en que se encuentra la política de Paz Total. Según lo previsto por el Gobierno, las Zonas de Ubicación Temporal comenzarían a operar el próximo 25 de junio, fecha para la cual está contemplado el traslado de integrantes de grupos armados a esos territorios.

Mauricio Pava dice que la controversia no puede limitarse a una discusión procesal. “Esto va a permitir que el Consejo de Estado tome decisiones inmediatas. El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, aseguró.

Para el abogado, las dudas que persisten alrededor del funcionamiento de las ZUT tienen implicaciones institucionales que requieren una respuesta urgente por parte de la justicia. “El 8 de agosto habrá un nuevo gobierno. Es indispensable que exista control territorial, gobernabilidad y, sobre todo, que el Consejo de Estado proteja la Constitución y adopte una decisión inmediata frente a un asunto que puede generar consecuencias irreversibles para el país”, manifestó.

La admisión de la tutela no anticipa una decisión sobre el fondo del debate. Sin embargo, sí abre una nueva etapa judicial en una controversia que ha despertado cuestionamientos sobre la legalidad de las ZUT, los controles que existirán dentro de esos espacios y el alcance que tendrán dentro de la estrategia de paz impulsada por el Gobierno Nacional. Mientras se acerca la fecha prevista para el inicio de operaciones de las ZUT, la atención ahora se concentra en las determinaciones que adopte el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.