293 familias desplazadas en el Catatumbo

Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil.

En las últimas horas se registró el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, correspondientes a 784 personas provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

También se reportó un nuevo ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural del municipio de El Tarra, hecho que habría dejado una persona fallecida y otras más heridas.

Las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún limitan la verificación completa de la situación humanitaria. Estos eventos se suman a hechos que se han presentado durante la última semana, de ataques de drones en el corregimiento de Filogringo y la Isla del Cerro, en el municipio de El Tarra.

Advierte el ministerio público que los desplazamientos serían una medida de autoprotección ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales.

Durante lo corrido de 2026, se han presentado 13 eventos de desplazamiento masivo que han dejado 2.447 personas desplazadas en el Catatumbo, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio” expresó en su vocería la entidad.

Así mismo, “instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar de manera sostenida e ininterrumpida la atención a las familias desplazadas”.

Finalmente manifestó que todos los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil.