El próximo presidente recibirá un país con más de 27 mil hombres armados y 16 zonas de disputa

Bogotá

Para la Fundación Ideas para la Paz las propuestas de los candidatos a la presidencia en temas de seguridad dejan muchos interrogantes porque los mensajes han sido simples, buscando un marketing político, pero que en el fondo no responden a las necesidades reales y actuales del país. La conclusión central es que varios de los aspirantes siguen priorizando instrumentos tradicionales con serias limitaciones y que no tienen en cuenta el difícil déficit fiscal que enfrentará el país.

Propuestas en materia de seguridad

Iván Cepeda

Su apuesta busca profundizar una visión de seguridad humana basada en transformación territorial, implementación del Acuerdo de Paz y protección de comunidades.

El programa plantea que el conflicto colombiano está ligado históricamente a la exclusión, la debilidad institucional y la falta de oportunidades en regiones periféricas. Desde esa lógica, propone fortalecer la prevención, los programas sociales y las capacidades estatales en los territorios.

Uno de los puntos más sólidos del enfoque es la importancia que le da a la macrocorrupción, el lavado de activos y la captura institucional como dimensiones estructurales del poder criminal. En esa línea propone fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y crear mecanismos especializados de investigación.

Sin embargo, el programa deja interrogantes frente a la continuidad de la política de paz total. Aunque reconoce dificultades operativas, no plantea una revisión profunda de los problemas de coordinación, verificación y expansión criminal registrados durante el actual gobierno. El plan tampoco desarrolla con claridad cómo combinar negociación y presión efectiva sobre las economías ilícitas mediante inteligencia financiera, control logístico o extinción de dominio. También persisten dudas fiscales.

En derechos humanos, esta propuesta, según la Fundación Ideas para la Paz, tiene una fortaleza clara: Prioriza la protección de la vida y las víctimas y evita enfoques exclusivamente punitivos. El problema es que deja abiertas preguntas sobre cómo garantizar esos derechos en territorios donde los actores armados mantienen el control o disputas violentas.

Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático parte de un diagnóstico según el cual el Estado perdió capacidad de control territorial y redujo la presión sobre las estructuras criminales. Con esa visión propone fortalecer la Fuerza Pública, endurecer el sistema penal y ampliar las capacidades de inteligencia y judicialización. También es de la idea de cero diálogos de paz.

Por eso insiste en inteligencia, extinción de dominio y fortalecimiento judicial. En la justicia aparece uno de los componentes más sólidos del plan, especialmente en temas relacionados con reincidencia, judicialización y extorsión desde las cárceles.

Su candidatura plantea aumentar significativamente el pie de fuerza, sumar 60.000 nuevos uniformados y elevar el gasto en defensa hacia niveles cercanos al 4 % del Producto Interno Bruto.

Para la Fundación Ideas para la Paz persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal de una expansión militar de esa magnitud y sobre propuestas como la “sustitución forzosa y generosa” de cultivos de coca, que deja preguntas abiertas sobre su implementación real en territorios atravesados por economías ilícitas.

El programa también propone recuperar una relación estrecha con Estados Unidos y una lógica cercana al Plan Colombia. Allí existe una lectura acertada sobre la dimensión transnacional del crimen organizado, pero que desconoce el giro del contexto internacional y las condiciones de cooperación internacional, especialmente de ese país (que hace casi imposible recibir el apoyo de la época del Plan Colombia).

Abelardo de la Espriella

Su programa plantea cero negociaciones con grupos armados, ofensiva total contra el narcotráfico, fumigación de cultivos de uso ilícito, extinción de dominio exprés y endurecimiento penal como la construcción de por lo menos 10 mega-cárceles.

La principal preocupación de la Fundación Ideas para la Paz está en la ausencia de mecanismos claros de gradualidad, control institucional y salvaguardas democráticas. Varias de las propuestas transmiten la idea de un Estado que debe actuar sin restricciones para recuperar su autoridad.

El programa también enfrenta dificultades de viabilidad. Promete recuperar control territorial, reformar cárceles, fortalecer inteligencia y perseguir capitales ilícitos en plazos perentorios de 90 días, pese a las limitaciones fiscales y operativas del Estado colombiano.

Además, la estrategia tiende a leer la amenaza criminal como un fenómeno homogéneo, cuando hoy opera mediante redes flexibles y adaptativas. La Fundación Ideas para la Paz advierte que las ofensivas de choque pueden producir fragmentación criminal y desplazamiento territorial de economías ilícitas si no existe una estrategia sostenida de presencia estatal.

La tensión fiscal es otro punto crítico. El plan combina reducción tributaria y ajuste del tamaño del Estado con una expansión importante de capacidades de seguridad. Pero modernizar la inteligencia, ampliar operaciones militares y sostener intervenciones territoriales implica costos permanentes y elevados.

El reto en seguridad

El gran desafío en seguridad que tendrá el próximo presidente es que encontrará una Colombia con más de 27 mil hombres en armas y 16 zonas de disputa que tendrá que entrar a controlar y frenar la expansión territorial.