La Corte Suprema pide subsanar vacíos judiciales de la Jurisdicción Agraria
Asegura que la adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por la Corte.
La situación se registró en una finca de la vereda El Cuervo.
La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural se pronunciaron sobre el proyecto de ley de jurisdicción agraria que actualmente cursa en el Senado de la República, para establecer establece el procedimiento especial agrario.
Según el ente judicial, la corte ve con buenos ojos, que la Agencia Nacional de Tierras pueda establecer competencias claras con el fin de evitar futuros conflictos de jurisdicción que podrían terminar en revisión de la Corte Constitucional.
“Es especialmente relevante precisar que los procedimientos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones, reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa, regulados principalmente por la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, no pueden concebirse exclusivamente como actuaciones administrativas, aun cuando su trámite inicial se adelante ante la Agencia Nacional de Tierras”, afirma el pronunciamiento de la Corte.
El proyecto de jurisdicción agraria busca crear herramientas judiciales especializadas para resolver disputas sobre tierras, formalización de predios y conflictos rurales, en medio de un debate político sobre el alcance de las facultades que tendría el Estado en la regulación de la propiedad rural.
Estas actuaciones exigen un control judicial pleno, oportuno y especializado, más allá de los supuestos restringidos de oposición.
“En este sentido, genera preocupación que tales procedimientos se atribuyan de manera predominante a la autoridad administrativa, relegando la intervención del juez agrario a escenarios excepcionales”.
La Corte recomienda armonizar un esquema de competencias con una delimitación expresa de las atribuidas al Consejo de Estado en materia agraria, de igual manera como el proyecto lo hace respecto de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de contar con coherencia judicial.
La nueva jurisdicción podría convertirse en un modelo piloto para combatir la congestión judicial en el país y mejorar la calidad de las decisiones.
Además, insistió en que la discusión agraria no puede desligarse de la protección ambiental, advirtiendo que la producción agrícola y la defensa de los ecosistemas deben avanzar de manera conjunta.
