Jurisdicción agraria: Las altas cortes piden más garantías y recursos
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado respaldaron el proyecto de ley de jurisdicción agraria, aunque advirtieron sobre vacíos institucionales, congestión judicial y la necesidad de definir competencias claras para evitar conflictos entre entidades.
Según la Agencia Nacional de Tierras, hasta la fecha en el proceso de la reforma agraria se han ofertado 2.469 predios los cuales miden 1.718.000 hectáreas. / SCHNEYDER MENDOZA
En medio del debate del proyecto de ley de jurisdicción agraria en la Cámara de Representantes, magistrados de las altas cortes expusieron sus recomendaciones para fortalecer el modelo de justicia rural, garantizar los derechos de los campesinos y avanzar en la resolución de conflictos por la propiedad y acceso a la tierra en Colombia.
La magistrada Adriana López Martínez de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia alertó sobre el crecimiento sostenido de los procesos de restitución de tierras y la incapacidad institucional para responder de manera efectiva.
Según explicó, mientras en 2020 existían 7.146 procesos activos, para el primer trimestre de 2026 la cifra ascendió a 13.713 expedientes, reflejando una brecha cada vez mayor entre las demandas ciudadanas y la capacidad de resolución judicial.
La togada aseguró que uno de los principales obstáculos sigue siendo la división de funciones entre autoridades administrativas y judiciales, situación que provoca que muchos procesos lleguen a los despachos con errores en la identificación de predios, ausencia de información sobre ocupantes y vacíos probatorios.
Por su parte, el magistrado Fernando Jiménez de la Corte Suprema de Justicia señaló que la nueva jurisdicción podría convertirse en un modelo piloto para combatir la congestión judicial en el país y mejorar la calidad de las decisiones.
Además, insistió en que la discusión agraria no puede desligarse de la protección ambiental, advirtiendo que la producción agrícola y la defensa de los ecosistemas deben avanzar de manera conjunta.
Durante la discusión del artículo noveno del proyecto, el magistrado Carlos Mantilla de la Sección Primera del Consejo de Estado pidió establecer competencias claras para la Agencia Nacional de Tierras con el fin de evitar futuros conflictos de jurisdicción que podrían terminar en revisión de la Corte Constitucional.
El proyecto de jurisdicción agraria busca crear herramientas judiciales especializadas para resolver disputas sobre tierras, formalización de predios y conflictos rurales, en medio de un debate político sobre el alcance de las facultades que tendría el Estado en la regulación de la propiedad rural.
