JEP indaga supuesto nexo entre empresarios, Fuerza Pública y paramilitares en el despojo de Tulapas
La JEP investiga los hechos ocurridos en el Urabá antioqueño entre 1986 y 2016.
Urabá
En el marco del Caso 04 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en la región de Urabá entre 1986 y 2016, se han examinado las dinámicas de despojo de tierras, las economías del conflicto y la participación de terceros civiles. Uno de los testimonios relevantes fue el rendido por Gonzalo de Jesús Bernal Pérez, quien se desempeñó como gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) a principios de los años 2000.
Durante su gestión, la RIA impulsó programas de reforestación con especies maderables en predios administrados o adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
En 2005, la empresa negoció contratos de usufructo sobre tierras ubicadas en Tulapas, lo que derivó en un primer acuerdo para cultivar teca en 314 hectáreas. Al año siguiente, en 2006, solicitó la ampliación de estos convenios, consiguiendo la aprobación de cerca de 1.500 hectáreas adicionales para proyectos de teca y caucho.
Según lo dicho por la JEP, estas gestiones se realizaron a pesar de que varios predios eran baldíos, estaban afectados por medidas de protección derivadas de desplazamientos forzados o no cumplían con las condiciones adecuadas para explotación forestal.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad ha indagado específicamente sobre el rol de entidades públicas y privadas en la compra, legalización y explotación económica de tierras en contextos de desplazamiento forzado de comunidades campesinas. Aunque Bernal Pérez no es compareciente ante la JEP, su declaración juramentada aporta elementos clave para esclarecer las posibles articulaciones entre estructuras paramilitares que operaron en la zona, miembros de la Fuerza Pública, actores empresariales y los procesos de despojo, desplazamiento y posterior legalización de tierras en Tulapas.
Este conjunto de testimonios y diligencias busca reconstruir cómo, en medio del conflicto, se configuraron alianzas y prácticas que facilitaron el control económico y territorial de tierras en Tulapas, contribuyendo a un mayor entendimiento de las responsabilidades colectivas en el despojo y la victimización de comunidades campesinas.
