Cruce de denuncias por el PAE en Neiva entre operador y supervisión del contrato

Neiva

El operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, UT NUTRINEIVA 2026, representado por Cristian Obregón, denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en medio de la ejecución del contrato adjudicado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Según indicó, tras resultar ganador del proceso mediante puja por precio, comenzaron supuestos actos de persecución y acoso en su contra por parte de la administración municipal. “No estoy dispuesto a dar dádivas ni coimas”, afirmó el contratista.

El operador aseguró que previamente había advertido a la Alcaldía y a los entes de control sobre las malas condiciones de infraestructura y menaje en varias sedes educativas del municipio. Además, señaló que interpuso una tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales de los niños beneficiarios del programa. “En vez pues de interesarse en arreglar las sedes e invertir, cosa que es una obligación de la administración, les queda más fácil fabricar pruebas y tratar de mostrar una mala operación.”, expresó.                              

Dentro de las denuncias, el contratista afirmó que personas ajenas a la Alcaldía habrían realizado visitas a sus bodegas haciéndose pasar por funcionarios públicos. También sostuvo que fueron enviadas a la Bolsa Mercantil supuestas evidencias adulteradas, entre ellas fotografías y documentos que corresponderían a hechos ocurridos antes de iniciar la actual operación del PAE. “De manera engañosa, inescrupulosa, envían documentos adulterados, evidencias fotográficas manipuladas, varios documentos presuntamente falsos.”, aseguró.

Frente a estas acusaciones, el supervisor del PAE en Neiva, Santiago Pérez, rechazó los señalamientos y defendió el trabajo de vigilancia realizado por el equipo de supervisión. “En ningún momento se ha realizado ninguna persecución a la UT, por el contrario, desde el primer momento desde la supervisión, yo como supervisor, lo único que he hecho es solicitarles un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado, porque aquí los únicos que se deben beneficiar son los niños.”, afirmó.

Pérez también indicó que el operador acumularía cerca de 500 millones de pesos en presuntas sanciones relacionadas con la actual operación del programa. Asimismo, sostuvo que las visitas realizadas a bodegas e instituciones educativas hacen parte de las labores normales de supervisión, control y verificación de la calidad de los alimentos.