Polémica entre SIC y Dimayor por decisión de Corte que tumbó multa a equipos de fútbol: ¿impunidad?

Tras la decisión de la Corte Constitucional con la que tumbó una sanción de $8.000 millones contra la Dimayor y cinco clubes de fútbol por fallas procesales, se generó una controversia entre Acolfutpro, la Dimayor y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que impuso la multa en octubre del año pasado, y ante esta nueva decisión presentó una solicitud de nulidad.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) presentó una acción de tutela por la que ahora se tomó esta decisión. Para Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, esta decisión “lleva a un escenario de total impunidad en un caso que, valga decir, tuvo origen en las denuncias que se llevaron a cabo en el 2018”.

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Las denuncias estaban relacionadas a prácticas anticompetitivas con un “pacto de caballeros” en las que incurrieron cinco equipos evitando el traspaso de los jugadores libremente.

“La prueba inútil”

La Corte tumbó la sanción tras considerar que la SIC no analizó una prueba solicitada por la Dimayor, la cual la entidad de control consideró “inútil” o improcedente.

Al respecto, la Superintendente afirmó en 6 AM W que negó el decreto de esa prueba que “era prácticamente un dictamen pericial para demostrar si se había cumplido con lo establecido en cuanto al manejo los dispositivos electrónicos, etcétera, algo que obra en el proceso, porque, pues, esto tiene todos los protocolos de nuestro forense, los informes, y eso está demostrado en el proceso (...) y la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado diciendo que no solamente no se han vulnerado los derechos”.

La respuesta de la Dimayor

La Dimayor afirmó que las declaraciones de Rusinque constituyen un “prejuzgamiento público” que compromete la imparcialidad de la máxima autoridad de competencia del país.

“La prueba que la SIC se niega a practicar busca establecer la legalidad de la evidencia electrónica extraída de los teléfonos móviles de los directivos y verificar si la SIC incorporó pruebas al expediente después de que las partes ejercieran su derecho de defensa. Pese a ello, la Superintendente afirma que dicha prueba «fue analizada a fondo» y que resultó «inútil para el caso», cuando la propia Corte Constitucional verificó que la SIC prometió pronunciarse al interior de la actuación y jamás lo hizo”, señaló.

Ante ello, Rusinque afirmó que es lamentable que la Dimayor “ataque a la autoridad”.

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La funcionaria también cuestionó que el abogado actual de la Dimayor es el delegado que se encontraba en la SIC en el 2013, cuando se archivó “sin mayor sustento” este caso.

“Estamos hablando de una persona que salió de esta delegatura de archivarles un proceso, ahora a fungir como abogado, y que ahora pretende cuestionar la imparcialidad de su autoridad (..) es Julio César Castañeda”, expresó.

Entre tanto, afirmó que no hay que devolverles ningún dinero porque ellos en este momento todavía no han pagado lo que corresponde a esta multa, y con este fallo de la corte constitucional, pues hay un efecto suspensivo.

“Pacto de caballeros”

Rusinque aseguró que hay pruebas abundantes suficientes de la comisión de las conductas anticompetitivas.

“Hay chats, hay correos electrónicos, hay testimonios que demostraban eso que ellos denominaban en sus comunicaciones, un pacto de caballeros, un pacto de solidaridad de gremios a través de los cuales los que hacían era tomar represalia respecto de los jugadores; algunos de ellos a los que no se les pagaban sus salarios, jugadores que se encontraron en situación de precariedad para que no pudieran exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y, de alguna manera, fueran restringida su posibilidad de trabajar en otros clubes”, señaló.

Escuche la entrevista completa a continuación: