MinSalud desautoriza al Instituto de Cancerología por restringir atención a pacientes de Nueva EPS
Advierte que la medida viola la Ley 1751, que garantiza acceso oportuno y sin barreras a la salud, inndicó que vulnera el derecho fundamental a la salud y podría acarrear consecuencias penales.
El Ministerio de Salud desautorizó el pronunciamiento del Instituto Nacional de Cancerología, que había anunciado la suspensión temporal en la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, en medio de problemas contractuales y de cartera.
Según el Ministerio, esta decisión va en contravía de la Ley 1751 de 2015, que establece la salud como un derecho fundamental y obliga a garantizar el acceso oportuno, continuo y sin barreras a los servicios médicos.
La entidad advirtió que limitar la atención a nuevos pacientes no solo afecta el acceso a los servicios, sino que también pone en riesgo la atención integral y oportuna de los usuarios, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer.
En su pronunciamiento, el Ministerio fue enfático en señalar que, de mantenerse la restricción, se podrían iniciar acciones penales y disciplinarias contra los responsables, al considerar que se trataría de decisiones contrarias a la ley.
Además, recalcó que el Instituto Nacional de Cancerología es una entidad adscrita a esta cartera, por lo que debe acatar los lineamientos establecidos para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
¿Por qué se da el anuncio? Contexto de la crisis
La decisión del Instituto se dio tras advertir una “situación límite”, marcada por la falta de contrato vigente con la Nueva EPS y una deuda que supera los 146 mil millones de pesos.
Aunque la entidad aclaró que los pacientes en tratamiento activo continúan siendo atendidos, la restricción impacta a quienes requieren iniciar procesos oncológicos, quienes deberán ser redirigidos a otras instituciones dentro de la red de la EPS.
Por su parte, la Nueva EPS anunció una reunión de emergencia y aseguró que no habrá interrupciones en la atención, además de comprometer pagos de cuentas ya validadas en los próximos días.
El caso pone en evidencia la tensión entre aseguradores y prestadores en el sistema de salud, y abre un nuevo frente de discusión sobre la sostenibilidad financiera y la garantía del derecho a la salud en Colombia.
Por ahora, se espera que las reuniones entre las partes permitan destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pacientes.
