Economías ilegales, deforestación Y control territorial: la compleja realidad de la Amazonia

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

La Amazonía colombiana, que representa cerca del 42% del territorio nacional, se ha convertido en un espacio clave dentro de dinámicas económicas ilegales de alcance internacional. Según el informe Tendencias y dinámicas de la deforestación de la Amazonía colombiana (2025), de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, FCDS, la combinación de conflicto armado, debilidad institucional y comercios ilegales está generando presiones crecientes sobre el territorio.

Estos negocios ilícitos operan como redes transnacionales que utilizan las fronteras amazónicas para movilizar recursos y flujos de capitales. Según la FCDS, atender este fenómeno multidimensional requiere respuestas coordinadas entre países, que integren acciones en seguridad ambiental, pública, social y económica, con enfoque de derechos.

Sin embargo, la ausencia de una estrategia integral ha incidido tanto en la pérdida de ecosistemas como en el deterioro de las condiciones de vida. En palabras de Rodrigo Botero, director de la fundación, “es un territorio desconocido, lo conoce menos del 1% de la población nacional y en los últimos dos siglos y medios hemos perdido más de las dos terceras partes de lo que era originalmente”. Para el experto, el mayor peligro radica en que estas acciones sigan consolidándose si no se actúa de manera coordinada y sostenida.

¿Qué está en riesgo?

La Amazonía es estratégica en términos ambientales, sociales y económicos. Provee cerca del 45% del agua dulce superficial que abastece a más de 35 millones de colombianos, alberga una biodiversidad única, cerca del 25% del total global, y concentra recursos clave para la transición energética como minerales y metales preciosos.

Todo eso sin contar con el enorme patrimonio de conocimientos tradicionales pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades locales que podrían ser el insumo de un amplio potencial turístico. Tal es el caso de actividades como la observación de aves, donde Colombia se ubica en el top 3 mundial, con un mercado global estimado en alrededor de 60 mil millones de dólares al año.

Sin embargo, esta riqueza enfrenta presiones derivadas de la violencia y de las economías ilegales que se insertan en sectores como la ganadería, la agricultura y la minería. El resultado, además del debilitamiento progresivo de la gobernabilidad en varias zonas, es la grave afectación ecosistémica en la Amazonía.

Según el IDEAM, a inicios del año 2024, Colombia contaba con 59,1 millones de hectáreas (ha) de bosque, lo que equivalía al 51,8% de su territorio. En ese mismo año, el país perdió 113.608 ha de bosques naturales por deforestación, lo que significa un incremento del 43,3% respecto de 2023. De esta pérdida, el 67,9% se concentró en la Amazonía, con 77.124 hectáreas destruidas, dato que reflejó un aumento del 74,2% respecto al año anterior (44.274 ha) y que se aproxima a la registrada en 2022, cuando fueron 71.725.

Pese a la magnitud anual de estas cifras, la pérdida acumulada de bosques sigue en creciendo (1,1 millones de hectáreas deforestadas en la región en los últimos 11 años), y los departamentos con mayor concentración de este fenómeno son los mismos: Guaviare, Caquetá, Sur del Meta y Putumayo. “Se trata de un fenómeno complejo, con múltiples dimensiones que van más allá del narcotráfico”, señala Botero.

→Amplié la información: Rutas del narcotráfico hacia Guainía y Caquetá, motivo de enfrentamientos entre disidencias Farc

Seguridad, democracia y control territorial

En varias áreas de la Amazonía, estructuras ilegales han llenado vacíos institucionales, regulando actividades económicas y dinámicas sociales. Estas organizaciones no solo ejercen control armado, sino que establecen reglas de facto sobre el uso del suelo y la vida comunitaria.

Su presencia se extiende en zonas fronterizas con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, así como en departamentos como Guaviare, Caquetá, Vaupés, Amazonas y Guainía, siendo este último la zona donde se da mayor convergencia de minería ilegal de oro (incluso de arenas negras), presencia de actores armados y el uso estratégico de la frontera venezolana para movilizar recursos y evadir controles estatales.

Pero esto no es lo único. Esta concentración de fenómenos afecta gravemente el bienestar de la población. Un estudio realizado por la Universidad Nacional en una ribera del Guainía (65 muestras) encontró que en el 95% de los casos se presentaban concentraciones superiores a 200 µg/L (microgramos por litro) de mercurio en sangre.

Este nivel, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene un alto riesgo de generar parestesias (sensaciones anormales en la piel como hormigueo o adormecimiento), en las personas, además de ser potencialmente cancerígeno en prolongadas exposiciones.

En este contexto, funcionarios ambientales enfrentan condiciones difíciles para ejercer su labor. De acuerdo con la FCDS, en amplias áreas protegidas existen restricciones de facto que limitan la acción institucional, hasta en 14 parques nacionales.

Comunidades en medio de la presión

La región también enfrenta desafíos humanitarios persistentes, como el reclutamiento forzado y la violencia contra líderes sociales. En 2023, más de la mitad de los asesinatos de defensores ambientales a nivel global ocurrieron en la Amazonía.

Las comunidades indígenas, por su parte, enfrentan riesgos crecientes, lo que ha llevado a la implementación de medidas de protección en varios casos.

Estas dinámicas, dice Camilo Guio, coordinador de Incidencia y Fortalecimiento Institucional de la FCDS, vulneran derechos fundamentales y colectivos de estos pueblos, afectando su autonomía y gobierno propio, en territorios que abarcan cerca de 27 millones de hectáreas (en su mayoría en zonas de frontera), caracterizados por su alta riqueza biocultural y su buen estado de conservación. No obstante, hoy se evidencian allí riesgos de cooptación y presión sobre su gobernanza territorial.

A esto se suma una brecha social significativa: cerca de la mitad de la población rural amazónica presenta necesidades básicas insatisfechas, según el DANE.

En ese sentido, Botero advierte que, en ausencia de alternativas económicas sostenibles, muchas comunidades terminan dependiendo de actividades ilegales como única fuente de ingresos, lo que refuerza el ciclo de vulnerabilidad.

La economía detrás del fenómeno

El poder de estas estructuras radica en la diversificación e interconexión de sus economías. Sus actividades abarcan desde cultivos de uso ilícito/narcotráfico y minería ilegal hasta la utilización de sectores como la ganadería (en algunos casos) como mecanismo para el lavado de activos, además de prácticas como la extorsión. En conjunto, operan como sistemas híbridos que articulan flujos de capital y sostienen dinámicas de control territorial.

Por eso, uno de los principales focos de preocupación es la extracción de oro, cuya alta rentabilidad y precios internacionales la mantienen como una de las principales fuentes de rentas ilícitas. Según estimaciones internacionales, una parte significativa de la producción carece de trazabilidad clara, lo que facilita su inserción en mercados formales. Este tipo de dinámicas permite que recursos de origen ilícito se integren a circuitos legales, dificultando su control.

Sin embargo, esta actividad se está diversificando hacia la extracción de arenas negras y minerales estratégicos, impulsados por su uso en nuevas tecnologías y en la transición energética, lo que incrementa las presiones sobre el territorio.

Además, la expansión de infraestructura no autorizada —más de 8.000 kilómetros de vías en los últimos siete años— ha facilitado el acceso a zonas remotas, acelerando la transformación del territorio.

Cuando lo legal y lo ilegal se cruzan

La ganadería expansiva sin permiso oficial es uno de los ejemplos de cómo la ilegalidad se camufla en lo formal. Solo en quince municipios del arco amazónico —entre ellos San Vicente del Caguán, La Macarena y Puerto Leguizamo—, el hato ganadero asciende a 3,24 millones de cabezas, con una producción diaria de 4,1 millones de litros de leche y ventas anuales de 148 millones de dólares, sin contar la carne.

Los grupos criminales han establecido tarifas por cabeza de ganado y cobros en básculas y paraderos. Así no solo fortalecen su portafolio económico: también censan a la población y monitorean sus ingresos.

Todo esto ocurre dentro de marcos legales que lo permiten. Según el PNUD, existen políticas públicas que estimulan inversión de manera contradictoria con el ordenamiento del suelo: 38 de 44 instrumentos de política agraria pueden activar directa o indirectamente la pérdida de biodiversidad. La banca pública también participa: entre 2016 y 2024 desembolsó más de 3 billones de pesos para financiar la cadena ganadera en el arco de deforestación, monto que creció 140% en ese periodo.

“Hoy el problema no es de ilegalidad pura y dura. Lo legal y lo ilegal se fundieron en una sola operación que transita hacia la formalidad a una velocidad pasmosa: todo entra a oro, a tierras, a vacas, a inversión pública. Eso lo hace literalmente imparable”, advierten los expertos.

¿Qué proponen los candidatos?

De cara a las elecciones, las propuestas aún no parecen responder plenamente a la complejidad del problema. Varias iniciativas se enfocan en aumentar la presencia militar o en programas ambientales puntuales, pero sin abordar de fondo las estructuras económicas que sostienen aquellas dinámicas.

Al respecto, indica la FCDS, es necesario una intervención estatal integral, articulada y a futuro, que supere el enfoque exclusivamente ambiental, que recupere el control territorial, fortalezca la autoridad pública, promueva economías legales y reconstruya la confianza entre comunidades e instituciones, además de consolidar la cooperación regional e internacional.

Por ende, en opinión de los expertos, proponer más pie de fuerza no es suficiente para superar de fondo todos los retos que tiene la Amazonía. Se requiere, entre otras medidas, implementar decisiones judiciales con una instancia de alto nivel que lidere la política pública para la región. Esto en el marco de un “plan amazónico” que combine monitoreo, inteligencia, judicialización y control financiero para combatir las rentas ilegales.

Esto permitiría avanzar hacia una economía forestal sostenible, impulsada por la restauración productiva de áreas marginadas, estableciendo mecanismos de trazabilidad para actividades como la ganadería y la minería. Además, es fundamental mejorar las regulaciones ambientales correspondientes al uso de sustancias como el mercurio, prevenir el lavado de activos asociado a delitos ecosistémicos y promover la generación de conocimiento científico.

Todo ello debe estar respaldado por una asignación presupuestaria coherente que, de importancia estratégica a la región y a sus necesidades sociales, actualmente el aporte del sector forestal al país es de menos del 0.1 por ciento del PIB nacional.

“El problema de la amazonia no es solo unos señores que pasaron con una motosierra a tumbar el bosque. Lo que estamos viendo con cada árbol caído es un peso de democracia que se pierde en el país. Es el resultado de más de medio siglo de abandono. No es con operativos pequeños y siembras de arbolitos simbólicos, ni con bala, es con acción coordinada y bien pensada que saldremos adelante”, concluye Rodrigo Botero.

La pregunta de fondo es si Colombia logrará articular una respuesta integral que revierta décadas de rezago institucional. Sin cambios estructurales, la tendencia difícilmente se modificará.