Disidencias de ‘Calarcá’ incumplieron el compromiso de dejar de reclutar: Defensora del Pueblo

Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las declaraciones que dio en primicia para Caracol Radio la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en donde reveló que van a imputar a alias ‘Calarcá’ por crímenes de guerra y lesa humanidad y se conoció que seguirá suspendida la orden de captura contra este cabecilla.

Frente a esto, en entrevista con Caracol Radio, la defensora Marín aseguró que, si bien la suspensión de órdenes de captura es un mecanismo legal utilizado por distintos gobiernos desde la década de los 90 para facilitar diálogos de paz, su implementación actual genera preocupaciones.

“La suspensión de las órdenes de captura debe ponderarse con la protección de los derechos de la población. Hoy vemos que, en varias regiones, continúan crímenes a gran escala”, afirmó.

Persisten violaciones de los compromisos de paz

La defensora hizo énfasis en el caso de las disidencias lideradas por alias Calarcá, y aseguró que aunque han existido compromisos en las mesas de negociación, estos no se han cumplido.

Uno de los anuncios más relevantes fue en su momento, el supuesto fin del reclutamiento de menores, sin embargo, esto no se ha cumplido: “No solo no ha habido liberación de menores, sino que el reclutamiento continúa”, indicó.

Además, alertó sobre la falta de mecanismos efectivos de verificación de los acuerdos y el deterioro de la situación de seguridad en varias zonas del país.

Alertas por ataques y desplazamientos

La Defensoría también se refirió a los hechos recientes de violencia en regiones como el Catatumbo, donde se han registrado ataques con drones que vuelven a generar desplazamientos de comunidades civiles.

“Mientras algunos integrantes de estos grupos cuentan con suspensión de órdenes de captura, en los territorios se siguen cometiendo crímenes”, advirtió la defensora.

La funcionaria insistió en que la decisión de suspender órdenes de captura no puede convertirse en una herramienta que facilite la continuidad de la violencia.

“Es una valoración política, pero también una responsabilidad frente a los derechos de la gente. El Gobierno debe garantizar no solo el orden público, sino la protección efectiva de las víctimas”, señaló.

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