A la cárcel alias ‘La Firma’ por el presunto lavado de más de $178.000 millones del Clan del Golfo

Justicia

Un juez penal municipal con función de control de garantías envió a prisión a Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, quien habría coordinado el lavado de más de 178.000 millones de pesos, producto del tráfico y envío de cocaína a Europa.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre 2022 y 2025 se habría encargado del blanqueo a través de inversiones en los sectores inmobiliario y tecnológico.

También es señalado de captar, transformar, mover y ocultar recursos de origen ilícito en criptoactivos y billeteras virtuales.

La investigación, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas —la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio—, logró descubrir el accionar, al parecer ilegal, de alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, quien sería el presunto articulador de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’, dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, la red ilegal que dirigía utilizaba sistemas de mensajería encriptada para ocultar las operaciones ilícitas y mantener comunicación con los demás integrantes involucrados en la financiación, la logística para el transporte transnacional de cocaína y la recolección de dinero producto del narcotráfico”, detalló la Fiscalía.

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Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.

El procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Ante la gravedad de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía durante las audiencias concentradas, el juez de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.