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Concejo de Cartagena avanza en la depuración de 195 acuerdos distritales obsoletos

Durante la presentación del informe de la Oficina Jurídica, se reveló un incremento del 15% en litigios, mientras avanza el proyecto para eliminar normas vigentes entre los años 2000 y 2007

Concejo de Cartagena

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La sesión inició con la presentación del informe de gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, a cargo de su jefe, Milton Pereira, quien expuso los principales avances y resultados con corte al 15 de febrero de 2026.

Durante su intervención, se informó que el Distrito cuenta actualmente con cerca de 3.500 procesos judiciales activos, correspondientes a diferentes tipos de acciones como nulidad y restablecimiento del derecho, reparaciones directas y procesos ejecutivos, entre otros.

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En relación con la litigiosidad, se evidenció un aumento en el número de demandas notificadas, al pasar de 424 en 2024 a 498 en 2025, lo que representa un incremento del 15,57%, frente a las acciones de tutela, el informe indicó que en 2025 se interpusieron 7.495 tutelas contra el Distrito, mientras que en lo corrido de 2026, con corte al 15 de febrero, se registran 980. Asimismo, se señaló que la mayoría de los fallos han sido favorables para la administración distrital.

En materia normativa, la Oficina Asesora Jurídica participó en la elaboración y revisión de 178 actos administrativos, entre decretos, acuerdos y conceptos jurídicos, durante el periodo evaluado,de igual forma, se destacaron acciones relacionadas con la defensa judicial, la gestión de conciliaciones y el cumplimiento de fallos, así como avances en temas estratégicos para la ciudad, entre ellos la recuperación del espacio público, la regulación de la tracción animal en el Centro Histórico y decisiones judiciales que han generado beneficios económicos para Cartagena.

El Concejal Johan Correa intervino y expresó su preocupación por la falta de indicadores que permitan evidenciar la reducción del riesgo jurídico, pese a la gestión reportada. Asimismo, advirtió que existen más de 385 procesos en cobro coactivo y cerca de 55 procesos policivos pendientes de revisión, también cuestionó el alto número de tutelas relacionadas con derechos de petición, lo que podría reflejar fallas en la respuesta oportuna por parte de la administración. Finalmente, manifestó inquietudes frente al crecimiento del pasivo judicial y posibles inconsistencias en las cifras, solicitando mayor claridad sobre el cumplimiento de metas y las estrategias para su reducción.

AUDIENCIA PÚBLICA PROYECTO DE ACUERDO 102

Posteriormente, se dio apertura a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 102, “por medio del cual se realiza la depuración normativa, se declara la pérdida de vigencia y se derogan disposiciones distritales, en su segunda etapa, correspondientes a los acuerdos expedidos entre los años 2000 y 2007”.

La iniciativa fue presentada por el funcionario Rafael Castillo, quien explicó que este ejercicio se fundamenta en la Ley 2085 de 2021 y forma parte de la estrategia de mejora normativa contemplada en el Plan de Desarrollo 2024–2027.

Durante la exposición se indicó que, en esta fase, se revisaron 315 acuerdos distritales, de los cuales se propone depurar 195, con base en criterios como pérdida de vigencia, derogatoria por nuevas disposiciones, derogación expresa y situaciones de incompatibilidad con el orden constitucional vigente.

En ese sentido, se plantea la exclusión de 146 acuerdos por cumplimiento de su vigencia temporal, 41 por derogatoria orgánica, 7 por derogación expresa y 1 por contravenir el régimen constitucional actual.

En el marco de la audiencia, el concejal Armando Córdoba planteó una inquietud relacionada con la seguridad jurídica frente al proceso de depuración normativa, destacó la importancia de garantizar que la eliminación de estas normas no afecte derechos ni situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia. En ese sentido, solicitó mayor claridad sobre las medidas previstas para brindar tranquilidad a la ciudadanía frente a los efectos de la derogatoria de acuerdos que, aunque hoy resulten desactualizados, sirvieron en su momento como sustento para decisiones y actuaciones jurídicas.

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