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Embajador que estaba de parranda con el prófugo Carlos Ramón González continúa en la Cancillería

La Unidad Investigativa de Caracol Radio, además, estableció que Óscar Muñoz llegará a la embajada de Colombia en Guyana donde será remunerado con cerca de 10.000 dólares mensuales.

Embajador que estaba de parranda con el prófugo Carlos Ramón González continúa en la Cancillería

Embajador que estaba de parranda con el prófugo Carlos Ramón González continúa en la Cancillería

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Más de dos meses después de que Caracol Radio reveló las imágenes en las que Carlos Ramón González aparecía haciendo el ‘trencito’ en una parranda vallenata organizada por la Embajada de Colombia en el Teatro Nacional de Nicaragua a pesar de estar prófugo de la justicia, no ha habido consecuencia alguna para su organizador, el embajador encargado Oscar Muñoz.

Allí en dicha fiesta Óscar Muñoz aparecía bailando junto a González, y a pesar de la gravedad de lo ocurrido, que se suma al hecho de haber intercedido ante el Gobierno de ese país para que le concedieran la residencia al exdirector nacional de Inteligencia -llamado a juicio por la trama de corrupción en la UNGRD-, la Cancillería no retiró a Muñoz del servicio exterior ni lo suspendió.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela que Óscar Muñoz ya se encuentra en Guyana, país vecino de Venezuela, a donde fue enviado por la Cancillería; lugar en el que mantendrá el mismo rango y cargo que ocupaba en Nicaragua: primer secretario de Relaciones Exteriores (código 2112, grado 19).

Óscar Muñoz va a tener una remuneración cercana a los 10.000 dólares mensuales, que incluye salario, costo de vida, prima especial y gastos de representación. Además, el exembajador en Nicaragua recibiría otros 15.000 dólares antes de terminar el año por bonificaciones que incluyen primas de Navidad, vacaciones y servicios, todo esto con cargo al Tesoro Nacional.

Lo anterior ocurre mientras las investigaciones disciplinarias internas anunciadas por la Cancillería en contra de Muñoz siguen sin presentar avances tangibles. Indagados por esta Unidad Investigativa sobre el estado del expediente que se abrió contra el exembajador (e) en Nicaragua, el Ministerio de Relaciones Exteriores se amparó en la reserva legal ordenada por el Código Disciplinario. De esta se deduce, de conformidad con el artículo 115, que en la actuación contra Muñoz no se ha citado audiencia ni se ha formulado pliego de cargos.

Así, por el momento, el hombre que promovió y lideró la parranda en la que se vio a Carlos Ramón González haciendo el “trencito” parece estar bien atornillado en el cuerpo diplomático.

De nada ha valido la investigación que se le sigue desde hace seis meses por haber tramitado la residencia del exfuncionario prófugo, ni la orden impartida por el presidente Gustavo Petro el 17 de diciembre pasado: “Los responsables de la fiesta (en Managua) deben salir de inmediato de sus cargos”.

De hecho, ningún funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua ha sufrido consecuencias como por ejemplo suspensiones o retiros del cargo por su participación en la polémica fiesta. Todo continúa como si nada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en su respuesta aseguró que “a la fecha ningún funcionario investigado por los hechos ocurridos en la Embajada de Colombia en Nicaragua ha sido suspendido ni se ha dado por terminada su relación laboral con el Ministerio, toda vez que la actuación disciplinaria se encuentra actualmente en etapa probatoria”.

Por el lado de los entes de control tampoco hay mayores avances en las investigaciones. La Procuraduría actualmente adelanta una indagación preliminar por los hechos de la parranda pero no ha tomado determinaciones de fondo contra ninguno de los asistentes y promotores.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio también conoció que el Gobierno Nacional no le ha pedido a Nicaragua que revoque el asilo concedido a González en agosto pasado, tras el episodio de la parranda vallenata, de manera que pueda ser detenido y trasladado a Colombia para que enfrente el juicio en su contra por tres delitos.

Por lo pronto, el exdirector del Dapre sigue libre por toda Nicaragua y protegido por el régimen de Daniel Ortega, mientras que Muñoz se embolsillará cerca de 40 millones de pesos mensuales y unas bonificaciones anuales que pueden superar los 15.800 dólares (más de 58 millones de pesos).

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