Reforma Agraria: una respuesta estructural a las crisis climática, alimentaria y ambiental

Colombia

Durante años, la tierra pareció desaparecer del centro del debate global. La agenda internacional giró hacia la digitalización, las finanzas, la transición energética y la geopolítica de los combustibles fósiles. Sin embargo, las crisis acumuladas de la última década han devuelto una verdad elemental: sin tierra distribuida de manera justa y sostenible, ninguna de esas agendas puede sostenerse.

Hoy el planeta enfrenta una convergencia inédita de tensiones: aumento del hambre, volatilidad en los precios de alimentos, eventos climáticos extremos, degradación de suelos, conflictos por recursos naturales y migraciones rurales forzadas. En el fondo de cada una de estas crisis aparece un factor común: la manera como se distribuye, concentra y utiliza la tierra y el agua.

Veinte años después de Porto Alegre (2006), la tierra vuelve a ser reconocida como un factor determinante de estabilidad global. La Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) parte de una premisa clara: la gobernanza de la tierra es fundamental para la estabilidad global.

Crisis alimentaria: la tierra como condición de seguridad

El hambre en el mundo no es el resultado de una escasez productiva, que no la hay, es el resultado de estructuras económicas que han concentrado la tierra como capital especulativo y cadenas de valor con pocos actores, que dejan a millones de productores y consumidores sin acceso seguro para producir y recibir alimentos. El problema no es cuánto produce el mundo, sino cómo se organiza esa producción, quién participa y quien se beneficia de ella.

Cuando el acceso a la tierra es limitado o precario, los sistemas agroalimentarios se vuelven frágiles y quedan expuestos al mercado, a la mano invisible que termina por beneficiar a algunos actores con posiciones dominantes. Dependen de mercados internacionales volátiles, se concentran en monocultivos dañinos para los suelos y reducen la diversidad productiva por intereses económicos. Por el contrario, cuando pequeños y medianos productores tienen acceso a la tierra y pueden verter sobre ella sus conocimientos ancestrales, los sistemas se vuelven más resilientes, diversificados y cercanos al consumo local sin afectar los suelos, las aguas y la biodiversidad.

En Colombia, el avance de la reforma agraria y el fortalecimiento del sector agropecuario permitió tener niveles históricos de abastecimiento en 2025, con promedios cercanos a 628 mil toneladas mensuales. El sector agropecuario creció 8% en 2024, el mayor registro en 46 años, demostrando en la práctica que ampliar acceso a las tierras, a los créditos y a la tecnología para pequeños y medianos productores puede fortalecer la seguridad alimentaria y genera un dinamismo económico evidente.

Crisis climática: el territorio como política climática

El cambio climático no es solo un fenómeno atmosférico, es un fenómeno definitivamente territorial. Las decisiones sobre el uso del suelo —deforestación, expansión de la frontera agrícola, degradación de suelos— inciden directamente en emisiones de CO2 y capacidad de adaptación de los suelos para la producción. La forma como se distribuye y planifica la tierra determina, en gran medida, si los territorios funcionan como barreras de resiliencia o como amplificadores de riesgo. Las comunidades campesinas e indígenas han demostrado, en múltiples regiones del mundo, que donde existe gobernanza territorial colectiva y sin codicia mercantil que la protección y la conservación es más eficiente y la deforestación se reduce a niéveles mínimos.

Por eso, parte de la agenda oficial de la ICARRD+20 incluye discusiones sobre justicia agraria, ambiental y climática con un enfoque territorial. La reforma agraria, cuando integra ordenamiento alrededor del agua, protección de suelos y territorialidades colectivas, se convierte en una herramienta concreta de acción climática y de defensa del medio ambiente.

Crisis ambiental: proteger el suelo es proteger el futuro

Los suelos fértiles en el mundo son un recurso cada vez más limitado. Su degradación afecta directamente la capacidad de las próximas generaciones para producir alimentos y para vivir en un ambiente sano. La presión especulativa, la concentración improductiva y el uso inadecuado del territorio deterioran esa base ecológica, degradan los suelos y contaminan el agua.

Por esto, la reforma agraria hoy no se limita a redistribuir tierra. Busca planificar su uso, proteger áreas estratégicas y garantizar que la función social y ecológica de la propiedad sea un principio básico. Sin planificación territorial, la sostenibilidad es retórica. En Colombia, el reconocimiento de territorialidades campesinas y el fortalecimiento de las territorialidades étnicas es parte fundamental de esta estrategia. Hoy existen 27 Zonas de Reserva Campesina que abarcan 1,9 millones de hectáreas, 3 Territorios Agroecológicos Alimentarios y solo entre 2022 y 2025 se constituyeron 123 resguardos indígenas (316.814,61 hectáreas) y se ampliaron 94 resguardos (811.538,56 hectáreas) hubo 98 titulaciones colectivas comunidades negras (67.763,4 hectáreas) y 4 ampliaciones de títulos a comunidades negras (654,86 hectáreas), integrando derechos colectivos con protección ambiental efectiva.

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Colombia: del discurso a la implementación

La ICARRD+20 no es una declaración simbólica. Colombia llega a este escenario con avances verificables en redistribución, formalización y gobernanza territorial. La política agraria reciente ha buscado corregir una de las raíces históricas del conflicto: la desigualdad en el acceso a la tierra. Esto no solo impacta a las familias beneficiarias, sino que reduce tensiones territoriales y fortalece la estabilidad institucional.

Se han gestionado más de 758.114 millones de hectáreas para proveer el fondo de tierras. 290.601 hectáreas han sido redistribuidas (161.502 provisionales y 129.098 definitivas) 2.079.468 hectáreas han sido formalizadas en este periodo de gobierno, fortaleciendo seguridad jurídica rural y cumpliendo con el Plan nacional de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

El Plan Decenal de Reforma Agraria: institucionalizar la transformación

Uno de los elementos centrales que Colombia presenta en la ICARRD+20 es que la reforma agraria no es una política coyuntural, sino una arquitectura de largo plazo. El Plan Decenal del Sistema Nacional de Reforma Agraria articula una hoja de ruta a diez años que integra redistribución de tierras, formalización masiva, financiamiento rural diferenciado, fortalecimiento de territorialidades campesinas y étnicas, protección de suelos productivos y coordinación interinstitucional. No se trata únicamente de entregar tierra, sino de consolidar un sistema solido que garantice el avance en el tiempo de estas políticas. La reforma agraria deja de ser episódica y se convierte en política estructural de Estado, con metas claras y mecanismos de implementación progresiva.

7. ¿Qué está en juego en Cartagena?

La ICARRD+20 busca evaluar qué ocurrió en los últimos 20 años desde la primera conferencia internacional y, sobre todo, qué debe cambiar para que la gobernanza global de la tierra sea coherente con las crisis actuales. El objetivo no es solo renovar compromisos, sino fortalecer mecanismos de seguimiento, cooperación internacional y articulación entre tierra, acción climática y sistemas alimentarios. En un contexto de tensiones geopolíticas y fragmentación multilateral, la tierra se convierte en un punto de encuentro estratégico. La pregunta que atraviesa la conferencia es simple pero estructural:

¿Cómo organizar la tierra para garantizar alimentos, proteger el planeta y reducir desigualdades al mismo tiempo?

8. Entonces, ¿para qué sirve la ICARRD+20?

La ICARRD+20 no sirve únicamente para reunirse ni para producir una declaración más. Su utilidad no está en la fotografía oficial, sino en su capacidad de reorganizar prioridades globales. Sirve, ante todo, para volver a poner la tierra en el centro de la discusión sobre el futuro de la sociedad. En un sistema internacional fragmentado, donde las crisis se atienden de manera sectorial —clima por un lado, alimentos por otro, pobreza por otro— la conferencia plantea una mirada integral y conjunta: la tierra como punto de convergencia y factor fundamental entre economía, ambiente y derechos sociales.

También sirve para algo más profundo: reconocer que el modo en que se distribuye y gobierna el territorio determina, en el fondo, la estabilidad de las sociedades modernas y el futuro de las próximas generaciones. Allí donde la tierra está concentrada, es improductiva o jurídicamente insegura, aumentan la desigualdad, la presión ambiental, la crisis alimentaria y los conflictos sociales. Allí donde existe acceso equitativo, planificación territorial y seguridad jurídica, se fortalecen los sistemas alimentarios, la resiliencia climática y la cohesión social. Veinte años después de Porto Alegre, la pregunta ya no es si la reforma agraria es necesaria, sino cómo hacerla viable en un mundo atravesado por mercados financieros globales, transición energética teórica pero sin avances prácticos, presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos y, dinámicas geopolíticas guiadas por la avaricia del capital, la ICARRD+20 nos permite discutir nuevos mecanismos de cooperación, seguimiento y eventualmente financiamiento internacional que den coherencia a las apuestas mundiales por la preservación y cuidado de los suelos, el agua y el medio ambiente con compromisos y resultados verificables.

Finalmente, la ICARRD+20 sirve para enviar un mensaje político claro: la gobernanza de la tierra no es un asunto doméstico ni ideológico, es una condición primordial para la estabilidad global.

9. Mensaje final

La tierra vuelve al centro del debate global no por nostalgia histórica, sino por necesidad contemporánea.

Sin acceso equitativo a la tierra:

● Los sistemas alimentarios se debilitan.

● La acción climática pierde coherencia territorial.

● La degradación ambiental se acelera.

● La desigualdad social se profundiza.

La ICARRD+20 plantea que la reforma agraria es una herramienta concreta para enfrentar las crisis estructurales del siglo XXI.