Procuraduría pide al Consejo de Estado mantener la investidura de Isabel Zuleta tras el tarimazo
Para el Ministerio Público, el traslado de cabecillas al evento presidencial en Medellín, son funciones propias como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana.
Isabel Zuleta | Fotos: Senado y Presidencia Colombia
Medellín
Este lunes 23 de febrero, en medio de la audiencia por pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta por su papel en el denominado “tarimazo”, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que se conserve su curul, al considerar que la demanda en su contra no cumple con las exigencias legales requeridas.
El proceso está relacionado con el acto público de la Mesa de Paz Urbana realizado el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, en el que compartieron tarima el presidente Gustavo Petro y varios líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
La controversia gira en torno a un documento en el que, presuntamente, sin la debida autorización, Zuleta habría solicitado al INPEC el traslado de internos recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para que asistieran al evento.
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El Ministerio Público argumentó que la actuación de la congresista se dio en el marco de sus funciones como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. En ese sentido, la Procuraduría solicitó al Consejo de Estado negar las pretensiones de la demanda y permitir que Zuleta continúe ejerciendo su investidura en el Congreso de la República.
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Por su parte, la senadora del Pacto Histórico defendió su actuación y aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad.
“Quisieron argumentar que solo se podía realizar exclusivamente en la cárcel de Itagüí. Yo no hice ninguna gestión, hice una solicitud. Porque las potestades del presidente de la República me fueron delegadas a mí para desarrollar los actos que considerara pertinentes para ese proceso, incluida la socialización de los avances, como fue el llamado tarimazo”, afirmó la congresista.
Ahora, el Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos presentados por la Procuraduría, la defensa y los demandantes para determinar si procede o no con la muerte política de Zuleta por presunto tráfico de influencias.
