Tras anuncio de liquidación voluntaria, trabajadores de Coscuez S.A. piden intervención del Gobierno

San Pablo de Borbur

Luego de que Coscuez S.A., Grupo Fura, anunciara su intención de iniciar un proceso de liquidación voluntaria, crece la preocupación entre los trabajadores de la mina ubicada en San Pablo de Borbur, Boyacá, quienes aseguran que existen millonarias deudas laborales acumuladas desde hace varios meses.

De acuerdo con Javier Darío Páez, presidente del Sindicato de Coscuez S.A., la organización decidió desplazarse a Bogotá para verificar si la empresa había cumplido con los trámites formales ante las autoridades competentes. “Nos encontramos con que, aunque enviaron un comunicado a los trabajadores informando sobre la liquidación voluntaria, no habían realizado los reportes correspondientes ante la Superintendencia. Eso nos genera una gran preocupación porque deja a los trabajadores en una situación de incertidumbre”, afirmó.

El dirigente sindical explicó que desde octubre no se estarían pagando salarios, seguridad social, primas, cesantías ni intereses, y que incluso trabajadores que fueron despedidos hace ocho o nueve meses no han recibido sus liquidaciones. “La empresa está debiendo sueldos, acuerdos mutuos, liquidaciones y otros conceptos. Hay compañeros que llevan meses esperando que les paguen y no han recibido nada”, señaló Páez.

Ante este panorama, el sindicato puso la situación en conocimiento del Ministerio de Trabajo y sostuvo una reunión con el ministro del Trabajo de Colombia es Antonio Sanguino, a quien le solicitaron acompañamiento institucional. “Le pedimos al Gobierno que garantice que esta liquidación sea vigilada y que no quede únicamente en manos de un liquidador designado por la misma empresa. Necesitamos que haya control para que se pague lo que legalmente corresponde a cada trabajador”, manifestó el presidente.

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Asimismo, anunció que elevarán un documento a la Presidencia de la República solicitando que se ordene la intervención y supervisión del proceso por parte de las autoridades competentes. Paralelamente, están gestionando una reunión con la Agencia Nacional Minera para revisar las pólizas que respaldan la operación de la empresa y determinar si pueden ser utilizadas como garantía para cubrir las obligaciones laborales pendientes.

Páez también recordó que la empresa llegó a tener cerca de 500 trabajadores, pero desde agosto comenzaron despidos masivos que, según el sindicato, configuraron una “masacre laboral”. Actualmente, muchos de esos empleados afiliados y no afiliados a la organización sindical siguen a la espera de que se les cancelen sus acreencias.

“Nosotros no estamos hablando solo por los afiliados al sindicato, estamos hablando por todos los trabajadores. Lo único que estamos pidiendo es que se nos pague lo que por ley nos corresponde”, concluyó.