Centrales obreras en el Quindío en contra de decisión sobre salario mínimo

Armenia

En la mañana de este viernes 13 de febrero se conoció que el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al adoptar una medida cautelar dentro de una demanda en curso.

Al respecto el presidente de la confederación general del trabajo, CGT en el departamento, Hugo León Echeverry advirtió que la decisión va en contravía de la lucha de los trabajadores para mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales.

Recordó que Colombia es uno de los países mas desiguales y el gobierno nacional buscaba con el salario mínimo vital disminuir esa brecha entre ricos y pobres.

“La decisión del Consejo de Estado va en contravía de todo por lo que estamos luchando los trabajadores, las centrales obreras para mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos. Recuerde usted que Colombia es uno de los paises mas desiguales del mundo, hay una brecha muy grande entre ricos y pobres y este gobierno lo que ha hecho es tratar de minimizar, declarando un salario mínimo vital que veníamos buscando desde la Constitución del 91″, manifestó.

Añadió: “Para uno no es extraño que las altas cortes tomen decisiones en contravía de los intereses de los trabajadores. Recuerde usted el tema de la reforma pensional que está detenida y ahora vemos con decepción que el Consejo de Estado suspende provisionalmente este decreto y obliga al gobierno y le da 8 días de plazo para establecer un nuevo salario mínimo basado en las cifras que ellos consideran que debe ser".

Enfatizó que el gobierno nacional debe ser muy meticuloso a la hora de elaborar el nuevo decreto y establecer los parámetros requeridos.

Considera que debe sostenerse en el mismo valor para no desmejorar lo que hasta ahora se ha logrado para los trabajadores y porque destacó que el gobierno tiene las herramientas suficientes para hacerlo.

Es de resaltar que la medida cautelar estará vigente mientras avanza el proceso judicial que evalúa la legalidad del decreto original sobre el aumento del salario mínimo.