Corte frena decreto que imponía nuevos cobros a generadoras de energía: Andeg reacciona

La Corte Constitucional suspendió de manera temporal el decreto del Gobierno que establecía nuevos cobros a las empresas generadoras de energía eléctrica, mientras se estudia el decreto de Emergencia Económica que le dio origen a la medida y toma una decisión de fondo.

La decisión del alto tribunal, sobre frenar el decreto 0044 de 2026 con el cual se creaba un nuevo aporte parafiscal del 2,5% para las empresas generadoras de energía eléctrica, se da en medio de la crisis financiera que atraviesa el sector eléctrico y busca evitar efectos inmediatos.

En el programa 6AMW con Julio Sanchez Cristo, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que la suspensión implica que por ahora las empresas no están obligadas a pagar esos nuevos cobros. “Desde el punto de vista legal, hoy ese decreto no se está aplicando”, señaló.

Tras la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios Públicos detuvo la liquidación de los valores que se pretendían cobrar. Hasta el momento, ninguna empresa del sector ha recibido facturas o actos administrativos relacionados con esa contribución.

¿Para qué era el decreto?

Hay que recordar que con decreto buscaba salvar a la empresa intervenida Air-e, que le debe billonarios recursos a las generadoras.

Actualmente, Air-e adeuda cerca de $1,7 billones a las empresas del sector eléctrico, de los cuales alrededor de $1,2 billones corresponden a generadoras térmicas, muchas de ellas ubicadas en esa misma región.

Castañeda fue enfático en que mencionar que sólo en subsidios de energía eléctrica la deuda del gobierno incrementa a $2,6 billones, mientras que el sector de gas suma otros $800.000 millones, completando un pasivo cercano a los $3,6 billones.

Desde el gremio, advierten que el problema no es sólo empresarial. Según Castañeda, cuando las empresas asumen cargas adicionales sin recibir pagos oportunos del Estado, el riesgo termina trasladándose al usuario final, ya sea a través de mayores costos, menor capacidad de inversión o tensiones en la prestación del servicio.

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Así las cosas, con la suspensión provisional del decreto, la Corte Constitucional abre un compás de espera mientras define si el Gobierno actuó dentro del marco de la emergencia económica.

Para el sector eléctrico, la decisión evita nuevos cobros en el corto plazo, pero deja abierto el debate sobre cómo resolver la deuda con las generadoras y garantizar la sostenibilidad del sistema energético en Colombia, sin afectar a los usuarios ni comprometer la seguridad del servicio.