Negocios de comparendos en Tránsito de Girón en Santander están bajo la lupa de la Procuraduría
El ente abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la entidad que, presuntamente, tendrían vínculos familiares y estarían relacionados con negocios paralelos: uno dedicado a imponer comparendos y otro a gestionar su presunta eliminación.
Bucaramanga, Santander
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander, por presuntas irregularidades en el trámite de comparendos.
La actuación disciplinaria se originó a partir de una queja recibida en el despacho de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, en la que se advierte sobre comportamientos presuntamente inadecuados de un servidor público, quien habría indicado a un grupo de ciudadanos un procedimiento irregular para el pago de infracciones de tránsito.
El caso fue expuesto públicamente en redes sociales por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quien difundió un video en el que confronta a Deyvy Blanco Cristancho, agente de tránsito de Girón. En el material audiovisual, Parra presenta lo que serían pruebas de la imposición de cerca de 800 comparendos hasta el mes de diciembre, de los cuales una parte significativa habría sido expedida de manera irregular.
Según la denuncia, a los ciudadanos se les estaría ofreciendo la posibilidad de levantar las multas mediante el pago de una suma de dinero a través de un negocio que, presuntamente, pertenecería a un familiar del agente.
Durante el video, el exconcejal cuestiona un posible conflicto de intereses, al señalar que el agente se presentaría en redes sociales como dueño del Instituto de Seguridad Vial, entidad que, según afirma, se dedicaría a gestionar la reducción de hasta el 50 % de los comparendos.
“Usted tiene múltiples denuncias por comparendos a carros estacionados. La situación en tránsito de Girón es crítica: estamos hablando de cerca de 800 comparendos, mientras existe un negocio familiar. Por un lado multan a la gente y, por el otro, ofrecen bajar las multas. ¿Eso no constituye un conflicto de intereses?”, se escucha en el video difundido en redes sociales.
Posteriormente, el exconcejal Carlos Parra publicó un segundo video en el que confrontó a Diego Cristancho Blanco, hermano de Deyvy Blanco, quien presuntamente estaría detrás de la empresa encargada de cobrar por la anulación de comparendos mediante cursos.
Las acusaciones quedaron respaldadas en conversaciones de WhatsApp, las cuales fueron exhibidas en el material audiovisual y harían parte de las pruebas que ahora son materia de análisis por parte de los organismos de control.
Debido a estos hechos, el ente de control solicitó las pruebas necesarias para verificar la participación de los funcionarios públicos involucrados durante la vigencia 2025 y determinar si las conductas denunciadas constituyen una falta disciplinaria.
