Cámara Colombiana de la Infraestructura cuestiona uso de recursos de concesiones para ajuste fiscal

El gremio advirtió al Gobierno nacional a no afectar la institucionalidad del sector, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que planteó la posibilidad de compensar el déficit fiscal con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias.

El gremio afirmó que los recursos a los que se hizo referencia no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales, sino a fondos con destinación específica, asociados a contratos vigentes cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas del país.

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La información emitida en la alocución es incorrecta

Además aclararon, que estos recursos no suman 18 billones de pesos, como se mencionó en la alocución presidencial. Según el gremio, los dineros actualmente disponibles para el pago de obras que se entregan de manera gradual ascienden a aproximadamente 6,5 billones de pesos, los cuales son administrados por fiducias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En su pronunciamiento, la Cámara advirtió que considerar la infraestructura como una variable de ajuste fiscal marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, y envía una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector.

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Los antecedentes no son buenos

El gremio también recordó antecedentes recientes que, según señaló, refuerzan la preocupación del sector, como la terminación anticipada del contrato del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, así como anuncios sobre eventuales cambios en proyectos que continúan vigentes, como Autopistas del Café. A esto se suman los recortes de vigencias futuras en proyectos estratégicos como el Canal del Dique y la vía Mulaló–Loboguerrero.

Asimismo, aseguraron que este tipo de anuncios y decisiones generan incertidumbre jurídica, afectan la planeación de los proyectos y tensionan la relación contractual, lo que termina impactando la confianza de inversionistas y financiadores en un sector clave para la conectividad, la competitividad y el desarrollo del país.

Finalmente, el gremio reiteró que las concesiones viales cumplen una función social, al mejorar la seguridad vial, la movilidad de comunidades y el acceso a regiones históricamente rezagadas, y llamó al Gobierno a preservar la infraestructura como una política de Estado, no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal.

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