Nueva condena contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 crímenes en La Guajira
El exparamilitar Salvatore Mancuso seguirá en libertad teniendo en cuenta que ya cumplió una condena en Estados Unidos superior a los 8 años de quienes se sometieron a Justicia y Paz.
Salvatore Mancuso e imagen de referencia de juez. Foto: Colprensa / Getty Images
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por 117 hechos delictivos cometidos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira entre 2002 y 2006.
Según la Fiscalía General de la Nación, “los hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguiendo los lineamientos definidos por los cabecillas, entre ellos Mancuso Gómez, perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia de género y otras conductas ilícitas”.
Salvatore Mancuso, Corte Suprema. Imagen de referencia.
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Los hechos comprobados
Entre los hechos comprobados, la Fiscalía destacó la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde “varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas, y les fueron destruidos y hurtados artículos simbólicos de su cultura, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que eran su medio de subsistencia”. Asimismo, se les atribuye el homicidio de dos indígenas en la ranchería Kepischon, el 17 de marzo de 2002.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 con 150 integrantes y permitió a las AUC extender sus acciones armadas a los sectores de la zona media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, localizados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La sentencia reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, y de Matitas en Riohacha. Mancuso Gómez fue condenado a 40 años de prisión, con multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales y a inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo período, “con la alternativa de 8 años de prisión según los parámetros de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en la sentencia”, según informó la Fiscalía.
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