Gobernadores advierten que emergencia económica pone en riesgo rentas y autonomía departamental
Mandatarios, incluido el del Huila, anuncian acciones jurídicas contra el Decreto 1474 por posibles vicios de inconstitucionalidad.
Gobernadores del país se reunieron en Bogotá en el marco de la Federación Nacional de Departamentos para analizar el decreto de emergencia económica.
Gobernadores de todo el país expresaron su preocupación por los alcances del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que podría afectar de manera directa la autonomía territorial y los ingresos de los departamentos, fundamentales para financiar sectores como la salud y la educación.
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La posición fue adoptada durante una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada en Bogotá, donde los mandatarios analizaron los impactos jurídicos, fiscales y administrativos del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025.
Uno de los principales reparos está relacionado con cambios de carácter tributario introducidos sin debate ni aprobación del Congreso de la República, lo que, según los gobernadores, vulneraría la Constitución Política.
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, advirtió que el decreto afecta directamente el impuesto al consumo de licores, al elevar el IVA del 5 % al 19 %, una medida que, según explicó, distorsiona el mercado regional y podría incentivar el contrabando, que ya alcanza niveles cercanos al 30 %.
El Gobernador Rodrigo Villalba fue enfático en señalar que este tipo de decisiones comprometen gravemente las finanzas departamentales y ponen en riesgo recursos clave para derechos fundamentales como la salud y la educación.
Ante este panorama, los gobernadores autorizaron a la Federación Nacional de Departamentos para adelantar acciones jurídicas, entre ellas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el fin de proteger las rentas territoriales y el orden constitucional.
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Desde la Gobernación del Huila se reiteró que esta postura no representa una confrontación con el Gobierno Nacional, sino un ejercicio institucional para defender la descentralización política, administrativa y fiscal del país.
