Gremios reaccionan al plan del Gobierno para cubrir la deuda de Air-e
Exministros y organizaciones de usuarios cuestionan su legalidad y el impacto en el bolsillo de los colombianos.
En cuatro municipios del Atlántico, Ari-e aplicará el "Período de Continuidad" por millonaria deuda / Air-e
Luego que el Ministerio de Minas y Energía publicara para comentarios un proyecto de resolución mediante el cual busca que los usuarios del servicio de energía eléctrica asuman un incremento en sus tarifas para cubrir una deuda pública cercana a los 2 billones de pesos, asociada a obligaciones acumuladas por empresas del sector eléctrico que han sido intervenidas por el Estado, las reacciones no se hicieron esperar.
Exministro Amylkar Acosta cuestiona la legalidad de la medida
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, criticó con dureza la iniciativa y aseguró que la propuesta no está acorde con la ley ni con la regulación vigente, al considerar que la creación de una sobretasa con destinación específica es una competencia exclusiva del Congreso de la República.
El exfuncionario calificó la propuesta como un “atajo” del Gobierno para suplir la falta de gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos y advirtió que la resolución podría ser demandada.
“Esta propuesta no es acorde con la ley ni con la regulación vigente, ya que la competencia para establecer una sobretasa es exclusiva del Congreso de la República. De aprobarse, todos los usuarios del país terminaríamos pagando los platos rotos de la crisis en la que se encuentra la empresa Air-e, intervenida desde septiembre de 2023 por su insolvencia, iliquidez y falta de caja. La ley es clara en que, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos interviene una empresa, su obligación es precisamente sanearla y garantizarle liquidez, algo que no ocurrió en este caso. Ahora se pretende tomar un atajo para suplir la falta de gestión de la Superintendencia, que incluso ha reconocido no contar con los recursos necesarios para cumplir su deber legal”, explicó Acosta.
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Acosta recordó que la única vía legal para enfrentar la deuda y modificar las tarifas de energía sería la aprobación de un proyecto de ley que reforme las leyes 142 y 143, que regulan los servicios públicos domiciliarios.
“Creo que esta decisión se toma a sabiendas de que la resolución será demandada y que, muy seguramente, el Consejo de Estado la suspenda o la declare ilegal. Al final, quedará la apariencia de que se está intentando buscar una solución, pero que los organismos de control se interponen en el camino, cuando la realidad es que esta no es una competencia del Ministerio de Minas y Energía. La financiación de la deuda derivada de la opción tarifaria quedó supeditada a la aprobación de un proyecto de ley que reforma las leyes 142 y 143, el cual apenas fue aprobado en primer debate en las sesiones que finalizaron en diciembre y que difícilmente podrá salir adelante en el último tramo de la legislatura”, dijo.
Además, cuestionó las promesas oficiales de reducción en las tarifas de energía y afirmó que las próximas facturas demostrarán que esa baja no se materializó, dejando al Gobierno “en deuda con el país, especialmente con la región Caribe”.
Usuarios asumirían deuda de Air-e: rechazo desde la región Caribe
La publicación del proyecto también generó rechazo entre las organizaciones de usuarios, que advierten que, en la práctica, la medida trasladaría a todos los colombianos la deuda que la empresa Air-e mantiene con el mercado mayorista y los transmisores de energía.
Desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, su vocero en la región Caribe, Norman Alarcón, calificó la propuesta como injustificada y perjudicial para los hogares.
“Hoy conocimos que el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso a consideración un proyecto de resolución que pretende que todos los usuarios del país asuman la crisis financiera de la empresa Air-e. En la práctica, se busca trasladar a los colombianos una problemática de una compañía que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo cual consideramos completamente injustificado y rechazamos de manera enfática. Esta crisis la hemos venido denunciando desde hace tiempo y, pese a que Air-e está intervenida por el Gobierno desde hace más de un año, no se han aplicado las soluciones previstas en la Constitución y la ley, como las que deben ejecutarse a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Fondo Empresarial”, señaló Alarcón.
Alarcón recordó que en crisis anteriores, como la de Electricaribe, fue el Estado el que asumió la atención financiera a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, sin trasladar el peso de la deuda a los usuarios.
“Por primera vez vemos a un gobierno que no atiende estos lineamientos. En el caso de Electricaribe, los gobiernos anteriores enfrentaron la crisis destinando más de 7 billones de pesos del Fondo Empresarial durante los cuatro años que duró la intervención. Hoy, en cambio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea, a través de un proyecto de resolución, que seamos todos los usuarios del país, quienes no somos responsables de esta crisis, los que terminemos pagando la deuda mediante una sobretasa cercana a los 8 pesos por kilovatio-hora en la factura de energía”, sostuvo.
Impacto en el bolsillo y precedente para el sector
El representante de la Liga de Usuarios advirtió que la iniciativa implicaría una sobretasa cercana a los 8 pesos por kilovatio-hora para todos los usuarios del país, lo que profundizaría el impacto económico en los hogares y sentaría un precedente negativo en el manejo de futuras crisis del sector eléctrico.
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Mientras el proyecto continúa en etapa de comentarios, la polémica crece y se abre el debate sobre quién debe asumir las consecuencias financieras de las fallas estructurales del sistema energético en Colombia.
