Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo generan alerta electoral en Córdoba
Líderes sociales piden aplazar el inicio de la concentración en las ZUT, pactada para marzo de 2026, por coincidir con las elecciones legislativas y presidenciales y temer por la libertad del voto
José David Ortega, Arnovis Zapata y Cervelion Cogollo, líder sociales de Córdoba.
Montería
La creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el Clan del Golfo, acordada entre el gobierno y esa organización, ha generado una alerta inmediata en Córdoba.
Líderes sociales y de víctimas del departamento solicitaron al presidente Gustavo Petro aplazar el inicio de la concentración de combatientes en esas zonas, prevista para el 1° de marzo de 2026, por considerar que podría incidir negativamente en el proceso electoral de ese año.
La preocupación central es que la fecha coincide a escasos días de las elecciones legislativas y presidenciales del 8 de marzo, así como de la elección de representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz.
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Estas Zonas de Ubicación Temporal están contempladas en la ley 2272. Se trata de unas zonas a las que deben llegar miembros del grupo armado con los que se acuerde el tránsito a la vía civil.
El acuerdo de Doha
El acuerdo, anunciado en Doha el 5 de diciembre, establece la formación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.
El documento señala que a partir del 1° de marzo de 2026 comenzaría la ubicación “gradual y progresiva” de integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocidos como Clan del Golfo, en estos espacios. No obstante, en territorios cordobeses como Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré, esta programación es vista con gran preocupación por su potencial impacto en la libertad electoral.
Voces de los liderazgos sociales
José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, fue directo al afirmar que “es inconcebible que en pleno proceso electoral existan estas agrupaciones”.
Por ello, propuso que “ese agrupamiento se aplace por lo menos 10 días, con 8 días para que sea posterior a las elecciones del 8 de marzo”, con el objetivo claro de evitar que “grupos armados de una u otra manera puedan interferir en estos procesos”. Esta petición busca crear un colchón de seguridad temporal entre la llegada de los combatientes a las ZUT y la jornada de votación.
La inquietud se extiende a la transparencia de un comicio crucial para las víctimas. Cervelion Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Alto Sinú (Asodecas), recalcó que “esta curul nuestra es única y exclusivamente de las víctimas”, exigiendo que el proceso electoral se desarrolle “con toda la transparencia”.
Por su parte, Arnobi Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), manifestó su preocupación por la posible influencia del grupo armado, recordando que “para nadie es un secreto que precisamente este actor armado tanto en las elecciones de la curul especial pasada como en esta, piensa incidir”.
La solicitud de las organizaciones de Córdoba pone sobre la mesa un dilema logístico y de garantías entre el avance del proceso de diálogo y la protección de la integridad del proceso democrático. Mientras el Gobierno enfatiza que los diálogos buscan “la disminución de los factores de violencia”, las comunidades afectadas argumentan que la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal en las fechas pactadas podría, paradójicamente, introducir un nuevo factor de tensión y coacción en un momento político de máxima sensibilidad.
