Juzgado sanciona a gobernador de Santander y alcalde de Molagavita por no reemplazar una tarabita
En el auto también le ordenan a la Procuraduría y Contraloría abrir investigación disciplinaria contra el director de Invías y de la UNGRD.
Marco Antonio Valencia, demandante
00:25
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió un auto mediante el cual resolvió una acción popular interpuesta por Marco Antonio Velásquez, dirigida contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde de Molagavita, Luis Arnulfo Ramírez López. El ciudadano solicitaba que las autoridades reemplazaran por una estructura temporal segura la tarabita que comunicaba a Molagavita con Mogotes y que, según la demanda, ponía en riesgo la vida de los estudiantes de la Escuela Lagunitas.
De acuerdo con el alcalde Ramírez López, la situación era crítica: “Dos veces la tarabita, después de supuestos mantenimientos, se reventó y varias personas cayeron al río. Gracias a Dios no hubo muertos, pero estuvimos dos veces a punto de una tragedia este año. El señor juez se dio cuenta de que aquí se le estaba tomando el pelo a la comunidad y a la justicia”, afirmó.
El juzgado concluyó que, pese a que la orden original para instalar la estructura temporal fue emitida el 19 de diciembre de 2023 y confirmada el 16 de enero de 2024, tras 22 meses no se había cumplido. La tarabita seguía en funcionamiento sin las medidas de seguridad ordenadas, incumpliendo lo dispuesto dentro del proceso de la acción popular.
Lea también: ¿Quién era Fredy Leal? El intendente que murió mientras frustraba robo a una joyería en Bucaramanga
Por el desacato, el despacho judicial impuso una sanción económica equivalente a treinta salarios mínimos legales vigentes no solo al gobernador de Santander y al alcalde de Molagavita, sino también a los funcionarios vinculados durante el proceso: el director de Invías, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la secretaria de Infraestructura de Santander y el alcalde de Mogotes.
Además, el juzgado ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República iniciar las correspondientes investigaciones disciplinarias y fiscales contra el director de Invías y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. El auto advierte que, en caso de no cancelar la multa, esta podría transformarse en una sanción de hasta tres meses de arresto.
