Exparamilitares buscarán tumbar demanda de la Defensoría para defender sus figuras de gestores de paz

Los Gestores de Paz designados por el presidente de la República expresaron este martes su “sorpresa” y “preocupación” por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, encabezada por la defensora Iris Marín Ortiz, para tumbar sus gestorías de paz.

Según señalaron en un comunicado público, la demanda de nulidad interpuesta por la entidad se basa en “prejuicios e imprecisiones graves”, impropios de una institución encargada de proteger los derechos de todos los colombianos.

Los firmantes recordaron que su desmovilización tuvo lugar entre 2003 y 2006, en el marco de una negociación política con el Estado que involucró a más de 35.000 integrantes de las extintas Autodefensas.

Aunque el proceso nunca fue formalmente cerrado, afirmaron haber cumplido durante dos décadas con todos los requerimientos de la justicia ordinaria y transicional, así como con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En su declaración, los Gestores de Paz defendieron la legitimidad de su presencia en los diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Estamos aquí justamente porque estamos al lado de la institucionalidad”, afirmaron.

Criticaron además que la Defensoría los calificara como “responsables de crímenes de lesa humanidad con un historial documentado de incumplimientos”, calificativos que consideraron despectivos y contrarios a su trayectoria reciente: “Por más de 20 años hemos cumplido cabalmente con los requerimientos de la justicia, como lo demuestran miles de horas de audiencias”.

También recordaron que la justicia transicional reconoce no solo los derechos de las víctimas, sino también los derechos de quienes se sometieron a los procesos judiciales, entre ellos la reincorporación, la no estigmatización y las segundas oportunidades.

En ese sentido, solicitaron a la Defensoría evitar convertirse en una “caja de resonancia del señalamiento infundado”.

Frente a los argumentos presentados por Marín en su demanda, según los cuales la figura de Gestores de Paz podría socavar la credibilidad del Estado y revictimizar a quienes sufrieron la violencia paramilitar, los firmantes respondieron con una serie de preguntas públicas: “¿Cómo es una acción con daño buscar desaparecidos, socializar la verdad aportada por veinte años, identificar bienes entregados al Estado que nunca llegaron a las víctimas o hacer un balance de nuestra reincorporación?”.

Según afirmaron, estas acciones están orientadas a la reparación y no representan ningún riesgo para las víctimas.

En el comunicado, los exintegrantes de las AUC acusaron a la Defensoría de “ponerle palos a la rueda de la paz”, mientras víctimas y comunidades esperan avanzar en una agenda extrajudicial de carácter restaurativo. Recalcaron que estas instancias no reemplazan ni contradicen los mecanismos judiciales del Estado, sino que los complementan.

Los Gestores de Paz anunciaron que remitirán al Consejo de Estado una respuesta formal con argumentos jurídicos que, según ellos, desvirtúan las imprecisiones de la demanda.

Asimismo, pidieron abrir un debate público sobre los temas planteados: “La sociedad tiene derecho a conocer estas discusiones y valorar qué es lo que más conviene al país en términos de reparación, reconciliación y paz”.

El comunicado termina con un llamado a la Defensoría para que priorice asuntos que consideran de su competencia directa, como el asesinato de más de 5.300 excombatientes desmovilizados, y no obstaculice, según sus palabras, procesos que buscan “contribuir a la verdad, la reparación y el cierre definitivo del conflicto”.